La educación del siglo XXI requiere valores éticos

Las políticas desplegadas por el Gobierno del PP han favorecido la privatización de servicios y el incremento del gasto educativo de las   familias, aumentando la desigualdad y la pobreza educativa. Decenas de miles de  estudiantes han quedado excluidos del sistema educativo por el desmesurado incremento de tasas y el recorte de las becas y ayudas al estudio, al tiempo que la falta de inversión en centros públicos ha ocasionado la falta de plazas públicas en todas las enseñanzas y etapas. La disminución de personal ha provocado la pérdida de medidas de atención a la  diversidad y el debilitamiento de las políticas decompensación de las desigualdades, la subida de ratios, la imposición de la especialización de centros en programas bilingües o tecnológicos…

En muchas comunidades autónomas se ha promovido la enseñanza ultraconservadora de titularidad religiosa, se ha dificultado la acción educativa para la igualdad entre mujeres y hombres y para el respeto a la diversidad de orientación sexual y de género. Esto se debe al refuerzo de los centros que segregan por sexo y a la pérdida de peso de la enseñanza en valores igualitarios y democráticos.

Para una verdadera educación en este siglo  XXI, hay que exigir a los partidos, que antes  estaban en la oposición y que ahora son mayoría, que cumplan lo recogido en sus programas electorales en materia de educación:

La derogación de la LOMCE, de las reformas de la LOU. Que realicen un plan plurianual para recuperar la inversión perdida  en educación y mejorarla de manera  significativa a medio plazo con el objetivo de  situarnos en la media de los países de nuestro entorno. La reversión a lo público de los  servicios educativos privatizados. Para todo ello, pienso, que se deben establecer unas bases para avanzar hacia un consenso social y político en educación que se basen en:

Un nuevo pacto, que debe ser fruto de la  participación, el diálogo y el consenso tanto en el marco de la comunidad educativa como en el de la concertación social.

Que este pacto tiene que ser el instrumento  para un cambio en las políticas educativas y laborales. La educación tiene que hacer frente a los grandes retos que suponen la sociedad  del conocimiento, la multiculturalidad y el pluringüismo, el progresivo desajuste entre el  sistema educativo u el desarrollo laboral de las personas. Este pacto necesita de la derogación previa de las contrarreformas educativas mencionadas. Debe incluir garantías de una inversión  suficiente en educación y en I+D+i que nos  homologue con los países de nuestro entorno.

Ha de contener un compromiso de creación de empleo en educación. Tiene que comprometer políticas públicas y socioeducativas que  refuercen la igualdad de oportunidades. Y sobretodo la apuesta por una educación de  calidad con equidad que pase por: El  reforzamiento de la educación pública;  la cooperación en lugar de la competitividad; la programación general de la enseñanza, que permita atender a las necesidades de la  sociedad de forma eficiente y participada; la  elaboración del mapa de titulaciones  universitarias; el desarrollo de un sistema  público de orientación y acompañamiento para  la educación a lo largo de la vida y un modelo  de escolarización no segregador.

En resumen, la educación del siglo XXI requiere valores éticos, que en democracia  no pueden ser otros que los valores de ciudadanía, cultivados en la pluralidad de una  escuela laica.