El Govern ordena el cierre presupuestario y ajustes de gastos del 6%

La 'Conselleria' de Economía que dirige Pere Aragonès ha ordenado adelantar el cierre presupuestario del año, que normalmente se hace en noviembre, a agosto, lo que implica que, salvo excepciones, solo se podrán pagar las obligaciones ya contraídas (inversiones), los gastos de funcionamiento (como los de personal), y el suministro de los servicios básicos de la Generalitat (como sanidad y educación). Además, ha decretado un recorte del recorte del gasto en los departamentos del Govern y en las empresas públicas.

El objetivo es cuadrar las cuentas y no incurrir en un déficit mayor del fijado por el Estado para las comunidades autónomas (0,1%, aunque Aragonès ha pedido al Gobierno que retome el límite del 0,3% que propuso y tumbó el PP en el Senado). El ajuste busca evitar dar motivos al Ejecutivo central para que vuelva a intervenir las cuentas públicas catalanas. Así, expone la orden del departamento que dirige el líder de ERC, se busca "garantizar la máxima capacidad ejecutiva" por parte del Govern. 

Menos ingresos

Economía ha justificado también las medidas, que se aplicarán de forma "flexible", por la "incertidumbre" sobre los recursos que va a recibir Catalunya del Estado como parte del sistema de financiación autonómica. Las entregas a cuenta que recibe la Generalitat, ha recordado, se están haciendo a partir del prorrogado presupuesto del Estado del 2018, y no con la referencia de las cantidades mayores prometidas por el Ministerio de Hacienda.

Además, ha subrayado, el Gobierno central tampoco ha inyectado a las finanzas catalanas la parte de la recaudación del IVA del 2017 que le debe. "Estos dos temas representan una pérdida de ingresos importante", argumenta la orden de Economía publicada el martes en el diario de la Generalitat y que 'La Vanguardia' adelantó este jueves. 

Con excepciones

Las entidades del sector público de la Generalitat tienen una semana desde la publicación de la orden para comunicar el ajuste que van a realizar en sus gastos, que debe ser "de un importe aproximado de un 6% de su presupuesto". En caso de que una entidad concreta no pueda realizar ese recorte, el departamento al que esté adscrita deberá compensarlo con el resto de entidades de su ámbito de actuación. Para garantizar la medida, la Intervención General retendrá el 6% de las transferencias a las entidades. 

Por otra parte, cualquier gasto de carácter "urgente e inaplazable que no pueda ser tramitado durante el 2020" requerirá la autorización previa de Aragonès o del órgano a quien delegue el visto bueno, de acuerdo con las instrucciones que se dicten a estos efectos por la Intervención General.