jornadas de X aniversario del frob
Almunia afea al Banco de España el retraso en la intervención del Popular
Puya sin precedentes de Joaquín Almunia al Banco de España. El vicepresidente de la Comisión Europea encargado de Competencia durante los peores años de la crisis financiera española lamentó ayer que las autoridades no destaparan los problemas del Popular antes de su intervención comunitaria en junio del 2017: "En el 2012 y el 2013 se nos escapó". En principio podría sonar en parte a autocrítica, pero el también exministro y exsecretario general socialista ha añadido que "quizás no hubiera pasado con un supervisor único europeo". Es decir, si el Banco Central Europeo (BCE) -y no el organismo español- hubiera tenido entonces la responsabilidad de controlarlo, como sucedió a partir del 2014.
Almunia ha relevado que en el 2012, a raíz del rescate europeo a la banca española pedido por el Gobierno de Rajoy, hubo "conversaciones" sobre si el Popular debía o no presentar un plan de reestructuración, que hubiera supuesto un duro ajuste y saneamiento y probablemente la retirada de sus primeros ejecutivos a cambio de ayudas públicas y el traspaso de los activos inmobiliarios tóxicos al banco malo Sareb. Sin embargo, ha lamentado, el banco presidido por Ángel Ron "pudo presentar su balance y situación económica y financiera de una forma que parecía mejor de lo que realmente era". Otro dardo a la supervisión.
El exalto cargo comunitario lo ha lanzado "con todo respeto al Banco de España" en un acto de conmemoración del décimo aniversario de la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Sin embargo, ha caído como una bomba en el auditorio del Ministerio de Economía, que ha irrumpido en murmullos y que estaba plagado de los principales responsables actuales y de los últimos años del supervisor español. Entre ellos se contaban el exsubgobernador Fernando Restoy, responsable de negociar con Bruselas el rescate de los bancos españoles, y su actual sucesora, Margarita Delgado, que fue supervisora del grupo de inspectores asignados al Popular.
Enfado en el supervisor
Diversas fuentes de anteriores etapas del Banco de España han considerado "imprevista, innecesaria e equivocada" la intervención de Almunia. La firma Oliver Wyman y no su organismo, han recordado, fue la que determinó las necesidades de capital de todo el sector financiero, incluido el Popular (3.223 millones de euros), y este banco las subsanó con una ampliación de capital de 2.500 millones y otras medidas. Pero incluso si se hubiera podido intervenir entonces la entidad, han subrayado, ello hubiera costado dinero público, mientras que su venta en el 2017 al Santander por un euro no precisó ayudas.
Las fuentes han destacado que el entonces gobernador, Luis María Linde, ya admitió en abril del año pasado que fue una "decisión mala" permitir al Popular recapitalizarse por medios privados en el 2012. "Aunque se saneó y se recapitalizó no fue suficiente", admitió, pero precisando que "esto se ve ahora", es decir, "post factum" (después de los hechos). Según han defendido, aquello fue un ejercicio de humilde autocrítica del que luego se lamentó Linde porque sus palabras se malinterpretaron. En cambio, han sostenido, el ataque de Almunia ha sido injusto y premeditado y podría obligarle a acudir como testigo para aclararlo en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la caída del banco.
Por otra parte y en el mismo foro, la subgobernadora ha advertido al sector financiero de que "los supervisores no bajamos el listón y seguimos pidiendo a los bancos que aumenten la solvencia, siendo muy discretos con sus dividendos". También les ha reclamado que compensen "con capacidad instalada y con los costes" el "mal endémico" de su baja rentabilidad, que afronten una "transformación digital de verdad, de puertas para adentro y no para afuera" y que se adapten "a los cambios que se han producido en la sociedad, que son muchísimos".
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