El déficit público bajó cuatro décimas en el 2018 y se situó en el 2,6% del PIB

El déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró el año pasado en 31.805 millones de euros, el equivalente al 2,63% del PIB, cuatro décimas menos que el desajuste registrado el año anterior (3,03% del PIB). Esta disminución del déficit se produjo por un mayor incremento de los ingresos (6%) que de los gastos (4,7%).

Después de 10 años con un registro del déficit por encima del 3% del PIB (desde el 2008), el dato correspondiente al 2018 publicado este viernes por la Intervención General del Estado (IGAE) avala que España pueda salir del Procedimiento de Déficit Excesivo de la Comisión Europea. España es el único país bajo este mecanismo de control y vigilancia, después de la salida de Francia el año pasado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado este hecho como una "magnífica noticia". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha valorado que salir del "brazo correctivo" del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), dotará de "mayor credibilidad" a las cuentas públicas.

Control más exigente

A partir de ahora, España, como el resto de los países del euro, quedará bajo el llamado "brazo preventivo" del PDE. Ya no vendrán a España los conocidos como "hombres de negro" de la Comisión Europea para vigilar las medidas de ingresos y gastos adoptadas por el Gobierno, pero España tendrá que cumplir unas reglas de estabilidad presupuestaria aún más exigentes.

Así, después de haber logrado situar el déficit público por debajo del 3% del PIB, la vigilancia del 'brazo preventivo' se centrará en la evolución de la deuda pública y en la reducción del llamado 'déficit estructural' (el que no tiene en cuenta los efectos del ciclo económico). El nivel de deuda pública se redujo un punto del PIB en el 2018, hasta el 97,2%, y alcanzó los 1,174 billones de euros.  

Además, según ha hecho notar la ministra Montero, a partir de ahora será más difícil cumplir con la exigencia de la regla de gasto, pues para evaluar que las partidas no crezcan por encima del límite establecido (el 2,7% en el 2019) también se tendrá en cuenta la evolución del gasto en pensiones, de más difícil control.

De este modo, se puede interpretar que la salida del 'brazo correctivo' es una buena noticia porque mejora la reputación de las cuentas españolas; no, porque disminuya la vigilacia europea. Esta, en realidad, se hará más exigente.    

Un décima mejor de lo esperado

El dato de déficit del 2,6% se sitúa cuatro décimas por encima del objetivo oficial para este año (2,2%), si bien queda una décima por debajo de la nueva meta que se había marcado el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras llegar al Gobierno y revisar el estado de los ingresos y los gastos heredados del equipo de Mariano Rajoy.  

"Los datos del déficit demuestran que España camina en la buena dirección y que cada partida de gasto que se aprueba tiene su contrapartida en los ingresos", ha dicho la ministra. De cara al 2019, Montero ha pronosticado que "el déficit seguirá bajando aunque no haya Presupuestos".

La Intervención General del Estado ha comunicado a Bruselas la previsión de que, en un supuesto de prórroga presupuestaria, el déficit público se situará en el 2% del PIB en el 2019, por debajo de la primera horquilla proyectada de entre el 2,2% y el 2,4%. "El Gobierno está trabajando ya en la contención del déficit público de este año", ha afirmado Montero. El 2% del PIB, en todo caso, queda lejos del objetivo oficial del 1,3% que rige para el 2019.

Catalunya, entre las cumplidoras

Por niveles, en el 2018 la administración central redujo su déficit el 17,4% hasta situarlo en el 1,51% del PIB. 

Las comunidades autónomas redujeron su déficit el 33,6% y lo situaron en el 0,23% del PIB. Con un déficit de 1.244 millones, equivalentes al 0,44% del PIB autonómico, Catalunya fue una de las 15 comunidades que cumplieron con el objetivo inicial, del 0,4%; cinco de ellas anotaron superávit (Asturias, Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco). En el otro extremo, el déficit de Murcia y Valencia triplicó el objetivo inicial.

En el 2018, el déficit de la Seguridad Social aumentó el 1,9% si bien su peso sobre el PIB se redujo unas centésimas, hasta el 1,41% del PIB. Las coporaciones locales, por su parte, volvieron a anotar superávit en el 2018, del 0,52% del PIB.