Consumidores electrointensivos

La gran industria advierte "insuficiente" la propuesta del Gobierno

Adecuación torre de electricidad Noguera

Adecuación torre de electricidad Noguera / periodico

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Buenas intenciones pero resultado insuficiente. Esa es la respuesta de la gran industria al borrador del Estatuto de la Industria Electrointesiva elaborado por el Gobierno. Para los grandes consumidores, cerca del 30% de sus costes totales van a parar al recibo de la luz, una factura extremadamente cara que el Gobierno ha tratado de reducir sin éxito: el planteamiento del Ejecutivo supondría una rebaja inferior a los 2 euros el megavatio hora -1,81 en el caso de las interrumpibles y 0,90 para el resto.

Una cantidad que, por un lado, temen que sea absorbida con la vuelta del impuesto de generación en abril y que, por otro, es del todo insuficiente en comparación con países competidores como Francia o Alemania con quienes la industria española tiene una diferencia de precio en la energía de entre 20 y 25 euros el megavatio hora. "La rebaja es insuficiente. Para acoplarse con los principales competidores, la industria necesita un mínimo de 20 euros de rebaja y con las nuevas medidas no llega ni a 2 euros", asegura el director general de Aege, Fernando Soto.

Desde Aege, asociación que representa a 25 compañías industriales, ponen también el foco en la compensación por costes indirectos de CO2 que el Gobierno ha presupuestado en 76 millones de euros para este año –con la posibilidad de ampliación a 100 millones- y que ya estaba prevista en los presupuestos. "Es una cantidad que está muy lejos de los 180 que plantea la directiva de la UE y de las cuantías máximas de 200 millones", dice Soto. Además, lamentan que no se haya creado un mecanismo de asignación de recursos de las subastas de CO2, tal y como establece Europa.

En la misma línea, una de sus representadas, Alcoa, asegura que la incertidumbre de estas ayudas hace que su fábrica de aluminio primario en San Ciprián (Lugo)–la única que no había planteado el cierre- esté en riesgo. "La principal medida del estatuto son las compensaciones por emisión indirecta de CO2, pero su aplicación es incierta, lo cual pone en riesgo la viabilidad de la fábrica de aluminio primario de San Ciprián que es la única que tiene aluminio primario. La intención de Alcoa es presentar alegaciones y que el Gobierno tenga margen para que la redacción mejore", aseguran desde la multinacional.

Tampoco los sindicatos están de acuerdo con el texto del Gobierno. Además de no garantizar una partida del Presupuesto en función de los ingresos de CO2, CCOO echa en cara al Gobierno no mencionar los costes derivados de los peajes de transporte y distribución, uno de los caballos de batalla del precio de la energía, ni el impuesto eléctrico. Dos medidas que podrían suponer una rebaja de entre 10 y 14 euros el megavatio hora. Sobre los contratos bilaterales (PPA), tanto Aege como CCOO propone una mayor implicación del Gobierno para que los contratos sean atractivos, tanto para los compradores como para los generadores.

No obstante, todas ellas pretenden que el Gobierno recoja sus reclamaciones de cara al texto final y ajuste el borrador para reducir diferencias en los precios con sus competidores y poder dar una mayor seguridad a una industria que no atraviesa su mejor momento.