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El Gobierno estima que la luz subirá una media de un euro en abril

La recuperación del impuesto a la generación, que estaba suspendido, encarecerá el recibo

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Sara Ledo

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Después de meses de caídas aupadas por las medidas del Gobierno para frenar el auge de los precios del último año, la luz volverá a las andadas y previsiblemente volverá a subir a partir del mes de abril tras la reactivación del impuesto a la generación eléctrica (7%). El Gobierno estima el impacto entre 0,50 y 1 euros en la factura mensual, es decir, entre un 2% y un 3% de aumento en el precio de la luz antes de impuestos porque espera que la generación renovable (con un precio de entrada más barato que el de las fósiles) "absorba" el efecto de la suspensión, según explicó este miércoles la ministra Teresa Ribera en RNE.

A las renovables se encomienda Ribera para que no se note la subida de precios de la desaparición de una medida creada para reducirlos. Sin embargo, es muy difícil predecir qué ocurrirá al tratarse de un impuesto sobre las eléctricas que estas revierten a los consumidores dentro de un complejo mercado eléctrico en el que entran en juego diversas variables. Entre ellas, que en primavera (meses de abril y mayo) es cuando los precios son más bajos porque hace menos frio, es decir, la gente consume menos, y además hay más abundancia de renovables –más viento y agua– lo que hace caer los precios, por lo que el recibo suele ser más bajo.

Pero, también otras como el mercado de derechos de emisión del CO2, el que ha sido el principal motivo de los precios desorbitados de los últimos tiempos. Esta vez podría afectar "en positivo" si sucede un Brexit duro, según el experto en energía, Francisco Valverde. "Un brexit duro significa tarifa eléctrica barata para España", dice, y explica que si Reino Unido se queda fuera del sistema europeo de derechos de emisión, las empresas británicas venderán sus derechos para intentar monetizarlos y a abundancia de oferta, caída de precios.

No obstante, predecir qué efecto tendrá la vuelta del impuesto es casi una adivinanza: "A mí me resultó muy complicado cuantificar la bajada en octubre y también ahora, no hay herramientas, podemos confiar en que sea así pero no tenemos herramientas para cuantificarlo", agregó Valverde. Entonces, el Gobierno estimó que esta medida junto con la exención del Céntimo Verde supondría una rebaja del recibo de la luz del 4% de media y algo así ha ocurrido: un consumidor tipo con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo anual de 3.500 kWh en octubre pagó un 3,3% menos en el recibo de la luz que en septiembre (68,1 euros). En noviembre se rebajó otro 1,1% (67,4 euros), en el mismo entorno que en diciembre y enero -67,8 euros y 68,8 euros, respectivamente-. Sin embargo en febrero el preció cayó hasta los 58,9 euros por el inusual buen tiempo y la caída del gas.

Un impuesto polémico

Lo cierto es que este impuesto, creado en 2012 con una excusa medioambiental y con una recaudación cercana a los 1.000 millones, no gusta a nadie, ni al Gobierno, ni al resto de partidos –Podemos, PP y PDeCAT se han mostrado contrarios- ni a las eléctricas que recurrieron ante el Supremo la medida sin demasiado éxito. El último movimiento tuvo lugar la semana pasada cuando el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) encomiaba la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que deberá pronunciarse sobre él. 

¿Por qué no se elimina? Entre los motivos se advierte la rentabilidad de una medida que sirve para pagar el gigantesco déficit eléctrico. "La solución pasa por cambiar las reglas de juego del mercado, no se trata de eliminar este impuesto y poner otro. Si no que si las eléctricas han ganado más de 1.000 millones de euros este año igual la opción es que en vez de los consumidores sean las eléctricas quienes asuman ese déficit con una reforma integral del mercado", propone el experto en energía, Jorge Morales de Labra.

Suplementos territoriales

Pero además, las facturas de la luz sufrirán una refacturación este año para introducir los suplementos territoriales que deben pagar los consumidores por los impuestos ambientales del año 2013. Los más afectados serán los de Galicia y Castilla y León que deben 15 euros, el resto menos de un euro (en un solo pago).