Los fondos critican que la UE propuso ofertas muy bajas por el Popular

Los principales fondos acreedores del Popular, que perdieron 850 millones de euros con su intervención y venta al Santander el pasado junio, creen que la Junta Única de Resolución (JUR) europea y el Banco de España no hicieron lo suficiente para evitar la debacle de la entidad. Además, acusan a las autoridades de fijar un precio mínimo de venta tan bajo por el banco que en la práctica implicaba que los accionistas y los bonistas de la entidad debían perder todo su dinero.

Así lo ha expuesto este viernes el despacho de abogados Quinn Emanuel, en representación de los fondos Pimco, Anchorage, Algebris, Ronit y Cairn, tras analizar los documentos hechos públicos la semana pasada por la JUR. De ellos se desprende, a su juicio, que el banco era solvente y cayó por un problema de liquidez, lo que hace "la decisión del Banco de España de restringir la línea de liquidez de emergencia (ELA) de Popular todavía más misteriosa".

Además, han asegurado que la fuga de depósitos se aceleró después de que se filtrase que el banco estaba bajo observación de las autoridades de resolución comunitaria, una información que en su opinión solo pudo salir de la propia JUR. También han destacado que Deloitte ha admitido que hizo la valoración preliminar del Popular que sirvió de base a las autoridades para la intervención de forma "altamente incierta y provisional". La JUR, han añadido, solo ha aceptado publicar versiones parcialmente censuradas de los documentos para protegerse.

Por su parte, el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, ha defendido la intervención de la entidad para proteger el “interés público”, pero se ha mostrado comprensivo con que provoque demandas. También ha argumentado que el precio mínimo fijado (un euro) solo buscaba dejar claro que no habría ayudas públicas para el comprador.

Información sesgada

Los fondos también han criticado que las versiones no confidenciales publicadas por la JUR omiten información sobre la salida de depósitos y el volumen de liquidez de emergencia que recibió el Popular. Tampoco revelan la conclusión de Deloitte sobre si los acreedores habrían estado mejor en caso de liquidación de la entidad, ni la metodología que usaron la consultora y la propia JUR al hacer sus respectivas valoraciones.

Los acreedores están estudiando recurrir ante el Tribunal General de la Unión Europea, el panel de apelación de la JUR y la Defensora del Pueblo de la UE para acceder a los documentos no confidenciales. Asimismo, han confiado en que la Audiencia Nacional ordenará al FROB publicar la versión completa de los documentos clave.