Solo se recupera el 21,8% del importe de indemnización de las sentencias judiciales

La ineficiencia del actual sistema judicial español provoca que solo el 21,8% del importe económico de las sentencias ejecutadas en Catalunya acabe recuperándose, según un estudio elaborado por la Cámbra de Comerç de Barcelona y por el grupo de investigación AQR-Lab de la Universitat de Barcelona. El estudio, pionero en España y en Europa, según sus autores, analiza por primera vez qué incidencia tiene sobre la economía el retraso a la hora de ejecutar una sentencia judicial.

A partir de una encuesta efectuada a despachos de procuradores y de una muestra de 994 expedientes de ejecuciones presentadas en 2013, este análisis asegura que debían haberse cobrado un total de 6.580 millones de euros, el equivalente al 3,4% del PIB catalán de ese año, y que tres años después la cantidad recuperada es solo de 1.434 millones de euros, el 21,8 % del total.

Se trata de cantidades relacionadas con la jurisdicción civil y mercantil, por lo que afectan tanto a empresas como a particulares, si bien las ejecuciones hipotecarias suponían aproximadamente el 76% del importe total.

El estudio, por tanto, se centra en el período que va desde que hay sentencia sobre un caso hasta que se logra la ejecución efectiva del importe de la sentencia, y en los problemas que acaba planteando esa demora en la ejecución para las empresas o los particulares afectados, que en el caso de ejecuciones iniciadas en el 2013 implica que unos 5.000 millones de euros aún no se han recuperado.

Recuperación económica

En este sentido, una conclusión del estudio es que si se mejorara la eficiencia en el sistema de ejecuciones, el PIB catalán se podría haber incrementado entre 74 y 303 millones de euros, y se podrían haber creado o mantenido hasta 4.573 empleos. Estas hipótesis sobre el PIB se han elaborado estimando una tasa de recuperación de las ejecuciones iniciadas en 2013 de hasta un 35% del total, frente al 21,8% logrado.

Los autores del estudio han explicado que han tenido que remontarse a datos del 2013 dada la demora en resolverse las ejecuciones. Y es que el plazo medio del proceso para recuperar los importes concedidos en sentencia judicial es de un año y nueve meses, ha asegurado el catedrático de Economía Aplicada de la UB Jordi Surinach, coautor del estudio junto a la directora de Análisis Económico del gabinete de estudios de la Cambra, Carme Poveda.