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tramites administrativos

Los promotores critican la demora en las licencias de obra en Barcelona

El Ayuntamiento imputa parte de los retrasos a que los interesados no siempre cumplen con la normativa

Max Jiménez Botías

Obra de rehabilitación de un edificio de la calle de la Diputació, ayer.

Obra de rehabilitación de un edificio de la calle de la Diputació de Barcelona. / FERRAN SENDRA

Tramitar una licencia de obras en Barcelona requiere de más tiempo del que consideran necesario los promotores inmobiliarios. Pero tramitar licencias de planeamiento urbano se alarga sin remisión. La Administración de la capital catalana suele tardar entre seis y 12 meses para otorgar la licencia que permitan levantar obras mayores. Se trata de un periodo de tiempo excesivo para los promotores inmobiliarios y rebasa sobradamente los tiempos que necesitan otros ayuntamientos metropolitanos para conceder la misma licencia. 

Desde la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios (APCE), se reconoce que no siempre la responsabilidad de la demora es municipal, pero al mismo tiempo se considera que la tramitación habitual está excesivamente burocratizada, es engorrosa y se dilata innecasariamente. En el mismo sentido se pronuncia el colectivo de agentes inmobiliarios que destacan que, al margen de los retrasos provocados pro los propios interesados, los tiempos no son menores cuando el "papeleo" se realiza correctamente.

"Cuando interviene Protecció del Patrimoni Arquitectònic, entonces la arbitrariedad se dispara", afirma Joan Ollé, presidente del Col·legi d’APIs de Catalunya. Muchos edificios de Barcelona están protegidos, particularmente en l’Eixample –sobre todo fachadas—y, cuando hay que rehabilitar, la burocracia se vuelve interminable o con frecuencia imprevisible: "Cuando ya has conseguido arreglar algo, al poco tiempo cambian el técnico y con él, los criterios de validación", agrega Ollé.

Las empresas del sector apuntan en la misma dirección. "Tenemos promociones en Barcelona, Sant Cugat y Ripollet, en este momento. En la capital no bajamos de ocho meses para obtener la licencia. En algunas ocasiones nos hemos ido a un año y más. En Sant Cugat, el periodo de tramitación suele ser más corto, unos seis meses como mucho, pero es que en Ripollet son tres meses", describe Manuel Balcells, director general de Inbisa, promotora que tiene en marcha cerca de 500 viviendas en Catalunya.

Dificultades de planeamiento

La queja se extiende también a los responsables técnicos de los proyectos urbanísticos. Según Enric Batlle, socio del despacho de arquitectos Batlle i Roig, que se ha encargado de llevar a cabo diferentes proyectos de oficinas en el 22@, la maquinaria  de Barcelona no ha cambiado en los últimos años, por mucho que sí lo haya hecho el color político del consistorio.

"Tras las elecciones, el primer año costaba mucho obtener licencias y el proceso se alargaba en exceso. Luego han mejorado los tiempos, pero no se consiguen licencias en menos de seis meses, y nosotros tenemos mucha práctica", afirma. La situación empeora cuando se trata de hacer planeamientos urbanos. "Esos procedimientos se eternizan y se prolonga por encima del año", agrega.

El Ayuntamiento se defiende con el argumento de que lleva a cabo procedimientos de forma simplificada y "prácticamente automática" que son procesados por vía comunicado y no requieren intervención municipal, lo que supone una trámitación ágil y rápida. Se refiere, no obstante, a reformas de locales comerciales, viviendas o espacios comunes que no afecten a la estructura del edifico.

"Restaurar una fachada o abrir una nueva tienda puede hacerse de forma casi inmediata, mientras que otras reformas que afecten a la estructura pueden iniciarse con un mes de diferencia tras la comunicación", afirman desde Urbanisme.  Por lo que se refiere a la tramitación de expedientes de licencias de obras mayores, "el ayuntamiento lleva a cabo un proceso de validación y comprobación de requisitos exhaustivos para garantizar que el proyecto cumple la legalidad urbanística y el planeamiento vigente se adecúa a la trama urbana de Barcelona", se detalla. 

"Las labores de validación pueden comportar trámites municipales (informes de patrimonio, arqueología, visto bueno de la Comisión de l'Eixample,...) que requieren de su tiempo", agrega el Ayuntamiento. Se defiende, asimismo, que la envergadura de las operaciones que se llevan a cabo en la ciudad "es diferente y a menudo más compleja que en el resto de municipios por lo que respecta a las dimensiones y caraterísticas de los proyectos".

Tiempos limitados

Urbanisme sostiene que los tiempos de resolución de las licencias no son excesivos: el 69,27% de los expedientes se tramitan en dos meses o tres incluso si hace falta informe de bomberos y/o de Patrimonio, "teniendo en cuenta que solo se imputa en el recuento de tiempo el periodo en el que el expediente está en manos del Ayuntamiento, y se excluye el que está en periodo de corrección de enmiendas o cualquier otro periodo imputable exclusivamente a los propios interesados o promotores".

Con todo, las empresas entienden que la situación genera inseguridad jurídica para el sector, pero también costes. Tener la inversión del suelo hecha y parada durante 10 meses por un tramitación administrativa es muy penoso porque tiene unos costes que se van incorporando al proyecto, consideran los promotores.  “La falta de agilidad de la administración es un factor que nos perjudica”, afirma Balcells.

Percepción del cambio de ciclo

Las dificultades son producto de la recuperación del sector inmobiliario. Los ayuntamientos engordaron sus plantillas relacionadas con la edificación durante el ‘boom’ del sector. Pero con la llegada de la crisis se paralizó la actividad y los municipios se vieron obligados a reestructurar sus servicios y adecuarlos al momento. Ahora se encuentra con un repunte significativo de la producción, pero con unos servicios que aún no se han adecuado al momento del ciclo. "En muchos casos los ayuntamientos se ven desbordados", comentan fuentes de la APCE.

Algunos ayuntamientos ya se han percatado de que el momento es diferente y han empezado a adaptar su estructura. Han incorporado más técnicos y se han organizado de manera más ágil para tramitar los expedientes con  diligencias. Pero en los casos en los que no se ha mejorado la estructura, se justifica con razones legales: "No está en nuestra mano cambiar la ley", cuando se trata de un argumento técnico. O "no podemos controlar a los funcionarios", cuando el procedimiento se alarga de manera injustificada.

Y todo ello ocurre cuando en el 2015 se iniciaron en Catalunya un total de 6.176 viviendas, 8.317 fueron las comenzadas en el 2016 y 6.448 en la primera mitad del año 2017. Una producción muy alejada de los máximos de la burbuja, pero también de las necesidades a medio y largo plazo, puesto que en Catalunya tiene una necesidad de más de 20.000 viviendas anuales. 

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