Bruselas cuestiona los 440 millones en ayudas públicas de España a centrales de carbón

La Comisión Europea considera que los 440 millones de euros en subvenciones públicas concedidos desde 2007 por España a las eléctricas, para apoyar la instalación de filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón, podrían vulnerar las reglas de la UE sobre ayudas de Estado. La comisaria de competencia, Margrethe Vestager ha anunciado la apertura de una investigación en profundidad por posibles ventajas ilegales.

“Creemos actualmente que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal”, ha explicado Vestager en un comunicado.

El régimen en cuestión es el de los llamados "incentivos medioambientales", que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007. Su Gobierno introdujo este esquema de incentivos para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes. Estos filtros debían reducir las emisiones de óxido de azufre por debajo de determinados límites. A cambio, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un período de diez años, es decir, 8.750 euros por megavatio al año.

España no notificó el régimen

El Gobierno español no notificó la puesta en marcha del régimen, al que se han acogido desde su creación 14 centrales de carbón, que han recibido hasta ahora más de 440 millones en ayudas públicas y cuyos pagos continuarán hasta 2020. Según fuentes del Ejecutivo comunitario, actualmente hay una docena de centrales que siguen beneficiándose de los incentivos aunque han eludido concretar cuáles son las centrales por motivos de confidencialidad.

Las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de su responsabilidad de cumplir con las normas de medioambiente utilizando dinero del contribuyente porque supondría vulnerar el principio de quién contamina paga y conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal. "Si contaminas, pagas", ha recordado Vestager.

La Comisión proseguirá ahora su investigación para determinar si sus dudas iniciales, como sugieren, están justificadas. Si la conclusión es que el esquema es ilegal, Bruselas podría exigir a España la recuperación de todas o parte de las ayudas concedidas. La apertura de una investigación pormenorizada brinda a España y a los terceros interesados, de momento, la oportunidad de presentar alegaciones, sin perjuicio del resultado de la investigación.

Enfrentamiento Nadal-Ibedrola

La decisión se produce tres días después de que la Comisión confirmara que está analizando la compatibilidad del real decreto que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende aprobar para evitar el cierre de las centrales de carbón con las normas medioambientales de la UE. Una norma que ha abierto un enfrentamiento entre el Ministerio de Energía que lidera Alvaro Nadal e Iberdrola.

La eléctrica vasca ha solicitado el cierre de dos de las centrales de carbón –ubicadas en Lada (Asturias) y Velilla (Palencia)- pero el Gobierno se opone porque considera que pondría en riesgo el suministro y encarecería el precio de la luz. Según Bruselas ambos expedientes no tienen relación pero de momento la Comisión ha tomado partido contra el carbón.