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EL DEBATE TERRITORIAL

El cupo vasco enturbia la negociación de la financiación autonómica

La aprobación exprés del Concierto Vasco causa agravio en las comunidades del PSOE

Motoro anuncia que el nuevo modelo de régimen común tendrá efectos en el 2018

Rosa María Sánchez

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, esta mañana en el Congreso.

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en el pleno del Congreso la semana pasada. / JUAN MANUEL PRATS

Euskadi logrará este jueves la aprobación exprés de sus leyes de Concierto y de Cupo Vasco para el periodo del 2017 al 2021. Las leyes vascas se aprobarán en el Congreso de los Diputados en procedimiento de lectura única -sin admisión de enmiendas- mientras que el resto de las comunidades autónomas, las de régimen común (todas, menos Navarra y País Vasco), tendrán que añadir un año más (y ya son cuatro) al retraso en la renovación pendiente del modelo de financiación del 2009.

La doble velocidad entre la financiación del País Vasco y la de las autonomías de régimen común ha causado una gran irritación dentro del PSOE con quien el Gobierno necesita pactar el nuevo modelo (los socialistas gobiernan en ocho autonomías y la mitad de los ayuntamientos). El PSOE no cuestiona la aprobación del cupo para el País Vasco, donde el PSOE gobierna con el PNV, pero algunos barones, como la presidenta andaluza, Susana Díaz, critican que su tramitación no se haya hecho en paralelo a la reforma de la financiación autonómica.

El calendario

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió ante la Conferencia de Presidentes,  a tener un nuevo modelo de financiación autonómica antes de acabar el 2017 y ahora apenas acierta a expresar su deseo de contar con un nuevo sistema “lo más pronto posible”, según ha dicho este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido algo más preciso que su presidente. Montoro ha anunciado que la negociación del nuevo modelo sistema va a comenzar en las “siguientes” semanas -“no digo meses”, ha enfatizado- con el objetivo “ideal” de ya pueda surtir efectos en el 2018, cuando se aprueben los Presupuestos del Estado del año próximo.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, el ministro de Hacienda ha reiterado este miércoles su propósito de presentar un proyecto de cuentas públicas para el año próximo después de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, “a principios del 2018”. Para entonces el Gobierno espera que ya habrá dejado de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya y que el PNV se decidirá por fin a apoyar la tramitación presupuestaria, sobre todo después de la aprobación exprés de las leyes del Concierto y del Cupo vasco este mismo jueves. El objetivo es que las cuentas del Estado estén aprobadas en la primera parte del 2018, “con carácter retroactivo” desde el 1 de enero. Y, según el ministro, “lo ideal” sería que los Presupuestos del 2018 “contuvieran ya los elementos fundamentales del nuevo sistema de financiación autonómica” y de la local.

De momento, este viernes finaliza la presentación de alegaciones por parte de los gobiernos autonómicos al informe sobre reforma de la financiación autonómica presentado en julio pasado por un comité de expertos. Las alegaciones serán procesadas por un Comité Técnico Permanente de Evaluación al que todos los gobiernos autonómicos, salvo Catalunya, han enviado un representante. Este comité tiene por misión elaborar un informe que debe ser presentado en las próximas semanas al Consejo de Política Fiscal y Financiera. A partir de ahí dará comienzo la negociación política del nuevo modelo. 

Andalucía y Valencia

El anuncio de Montoro sobre una negociación inminente da respuesta a la presión creciente ejercida por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. En el fondo, Sánchez no ha hecho sino trasladar al Gobierno las quejas de la presidenta andaluza, Susana Díaz, y de los presidentes valenciano, Ximo Puig, de Asturias, Javier Fernández, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje.

El PSOE celebró el lunes su Ejecutiva Federal en Valencia y desde allí Sánchez lanzó a Rajoy la petición de hacer una propuesta de financiación antes de fin de año y la oferta socialista de “abrir un proceso de negociación”.  Este mismo miércoles, Sánchez ha realizado una ronda de llamadas a todos los barones socialistas para reforzar la posición común a favor de exigir a Rajoy una propuesta de financiación antes de acabar el año, informa Juan Ruiz. La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, se ha visto en la necesidad de tener que negar que exista una rebelión entre los barones socialistas. Visto así, el anuncio de Montoro sobre una negociación inminente se puede interpretar como un guiño del Gobierno tras la disposición de Sánchez a negociar el modelo. 

Rechazo de Ciudadanos

Ciudadanos, por su parte, sí realiza una crítica profunda a las leyes del Concierto y del Cupo Vasco que serán votadas este jueves en el Congreso de los Diputados. El grupo parlamentario de C’s ha presentado una enmienda a la totalidad de estas leyes en la que se critica tanto la “opacidad” en la tramitación parlamentaria (lectura única, sin posibilidad de enmiendas), como su “inoportunidad política” (C’s cree que se tendría que haber dado prioridad a la reforma de la financiación autonómica) y el contenido de las normas. Según C’s lo pactado entre el PNV y el Gobierno profundiza en los “privilegios” del País Vasco, con una “sobrefinanciación” de sus servicios públicos a costa del resto de las comunidades autónomas

Las claves de un modelo diferente

El sistema de concierto regula la financiación del País Vasco (convenio, en el caso de Navarra). A diferencia de lo que sucede en el resto de España, las haciendas forales son las que recaudan la práctica totalidad de sus tributos y después transfieren al Estado una parte de sus ingresos (lo que se denomina “cupo”) para financiar las competencias no asumidas (Defensa, por ejemplo). Para ello se tiene en cuenta que la economía vasca representan alrededor del 6,2% de la española.

Gobiernos central y vasco han negociado ahora las leyes de concierto y de cupo para el quinquenio del 2017 al 2021. El cupo base para el primero de esos cinco años se ha fijado en 1.300 millones (265 menos que en el periodo anterior). Esta es la cantidad que el País Vasco debe transferir al Estado en el 2017. Pero hay que restarle la competencia de Empleo asumida recientemente por el País Vasco (unos 200 millones) y ajustes por el IVA intracomunitario, “con lo que no sería raro que al final el saldo resultara favorable al País Vasco” remata el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente.

Según este experto, el diseño del sistema del cupo en sí no es el problema, sino la forma en la que se aplica en la práctica, con resultados "extremadamente ventajosos" para los territorios forales. La financiación media por habitante y año, a igualdad de competencias, fue de 4.170 euros en el País Vasco en el 2013, casi el doble que la media de las autonomías de régimen común (2.113 euros), y muy por encima de la cantidad correspondiente a Catalunya (1.973 euros por habitante y año).

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