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El Gobierno estima en más de 2.000 millones el coste de las autopistas quebradas

El plan presupuestario remitido a Bruelas incluye esa cantidad como el importe del rescate de las vías de peaje

Peaje de una de las radiales de Madrid.

Peaje de una de las radiales de Madrid.

El Periódico / Barcelona

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El Gobierno estima en más de 2.000 millones de euros la factura del rescate de las nueve autopistas de peaje quebradas, que se hará efectivo el próximo mes de enero con el fin último de volver a sacarlas a concurso para ceder de nuevo su explotación a empresas privadas. Se trata del importe que el Ejecutivo reservará en el presupuesto prorrogado del ejercicio 2018 para atender la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que el Estado tiene ante los actuales concesionarios de estas vías, esto es, el importe que tiene que pagarles por las inversiones que realizaron en construirlas.

El Gobierno incluye esta cifra en el Plan Presupuestario que acaba de enviar a Bruselas, en el que dice que "la evolución del gasto en inversiones en el 2018 está afectada por la cobertura por importe de más de 2.000 millones de euros para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las ocho autopistas de peaje que se encuentra en concurso de acreedores". La cifra es inferior a la que el propio gobierno establecia en un informe remitido al Tribunal de Cuentas, en el que se establecía en 3.718 millones

En el documento remitido a Bruselas, el Ejecutivo añade que la Responsabilidad Patrimonial del Estado ante estas autopistas se "activará" a principios de año, esto es, cuando todas las vías estén en liquidación, se rescindan los actuales contratos de concesión y el Gobierno las asuma, un proceso previsto para el próximo mes de enero.

El propio Ministerio ya ha asumido que el importe que finalmente tenga que pagar será determinado por un juez tras un proceso judicial, al dar por hecho que los concesionarios recurrirán los importes que fije la Administración.

Gastos cubiertos con ingresos

Además, y tal como el Gobierno apunta en el documento mandado a la UE, Fomento prevé cubrir parte de esta 'factura' que las autopistas fallidas supondrán en las arcas públicas con los ingresos que obtenga con su adjudicación a nuevas empresas que se encarguen de explotarlas.

El Departamento de De la Serna ya tiene listo este plan de rescate, que sustituyó al inicialmente diseñado por su antecesora Ana Pastor, toda vez que las autopistas comenzaron a recuperar parte de los tráficos perdidos durante la crisis y ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos con los fondos que se quedaron con el grueso de su deuda, que asciende a unos 3.200 millones de euros.