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pulso secesionista

Al menos 531 empresas han trasladado su sede de Catalunya a otras zonas de España en octubre

El éxodo de firmas catalanas dispara la actividad de los registradores

Eduardo López Alonso

Oficinas de Banc Sabadell y CaixaBank.

Oficinas de Banc Sabadell y CaixaBank. / CARLOS MONTANYES

Al menos 531 empresas han abandonado Catalunya con destino a otras poblaciones españolas, según ha confirmado el Colegio de Registradores de España con datos de los registros mercantiles catalanes. El gran éxodo de sedes de empresas se produjo el pasado día 9, con un total de 212 empresas, otras 177 inscribieron el cambio societario el día 10 y otras 135 lo hicieron el día 11 (para ese día solo hay datos de Barcelona y Girona). Durante el mes solo 22 empresas trasladaron su sede de otras zonas a Catalunya. 

Piezas emblemáticas del mapa empresarial catalán han renegado de la vía de la independencia catalana y han decidido trasladar su domicilio social a otros puntos de España. El Colegio de Registradores de España actualiza los datos de manera constante. 

Los bancos y un buen número de empresas han decidido satisfacer a la mayoría de sus clientes y buscar el paraguas del marco legal del Estado y de la Unión Europea (seguridad jurídica). Los registradores están dedicando buena parte de su tiempo en las últimas semanas a anotar esos cambios societarios. En su mayoría se trata del cambio del domicilio social. En otros el domicilio fiscal. Quizá sea un cambio de ida y vuelta, pero lo más probable es que sea un adiós sin retorno.

La lista de empresas trasladadas es destacable en número, pero especialmente en el nivel y tamaño de sus integrantes. Y es que cuanto mayor es una empresa más lejos tiene a sus clientes y proveedores y el ámbito estatal es el natural de cualquier firma relevante catalana. Existen otras de ámbito internacional con más opciones de elección, pero en cualquier caso el arrullo de la UE es demasiado cálido para ser despreciado frente al páramo que vislumbran esas empresas en una Catalunya independiente. 

Y es que frente a la que los más críticos describen como un proceso de balcanización económica, la presión de los clientes se ha transformado en un toma o deja. Incluso pequeñas y medianas empresas han reconocido que las preguntas de sus clientes se han transformado en veladas amenazas y que el boicot a sus productos puede llegar a ser una realidad. 

"Estamos viendo cómo mes tras mes va reduciéndose la compra de nuestras elaboraciones en los establecimientos del resto de España. No existe un boicot activo hacia nuestros productos, pero injustamente hay cansancio y rechazo hacia Catalunya". Este es el mensaje de alerta que lanzó Roberto Ruiz, un pequeño empresario barcelonés que se dedica a la elaboración artesana de olivadas -paté de aceitunas- y que ha visto cómo en el último año ha caído un 70% su facturación fuera de Catalunya, su principal mercado, informa EFE. El mismo Borrell instó estos días a consumir cava ante la crisis actual y advirtió quizá traicionando las confidencias recibidas, que las ventas de este producto se habían desplomado un 15% en los últimos días. 

El presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet, opina que el éxodo de empresas de Catalunya continuará si hay una declaración unilateral de independencia. Algo que será un "desastre, en general, y un desastre económico, en particular, para Catalunya", sin descartar la insolvencia económica para la región.

Efecto económico

¿Pero el traslado de sedes es un anuncio simbólico o tiene relevancia económica? La relevancia económica de un traslado de sede deriva de su efecto balsámico entre los clientes y proveedores, y menos de su impacto económico directo. El domicilio de una empresa puede ser social o fiscal. En el caso de CaixaBanc y del Banc Sabadell el traslado es de la sede fiscal, un grado más. En ese caso, Valencia (CaixaBank) y Alicante (Sabadell) serán la referencia fiscal de ambos grupos. Esos territorios marcarán el sistema fiscal aplicable; la oficina tributaria de adscripción; el lugar para la práctica de notificaciones y el lugar físico concreto declarado y vinculante para el obligado tributario a efectos de procedimientos administrativos y del control fiscal. Quedarán al margen de políticas recaudatorias especiales que quiera marcar el Gobierno catalán, sea dentro o fuera del marco constitucional. 

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