Equilibrar oferta y demanda

La recuperación del sector inmobiliario es un hecho que se refleja en las cifras que mes a mes dan a conocer los organismos oficiales, así como los no oficiales. Pero esa recuperación lleva implícitos algunos desequilibrios que vienen asociados a la asimetría entre la oferta y la demanda. Poca oferta y, a menudo, obsoleta en las zonas con mayor demanda y demasiado abundante donde no se precisa. Los precios mantienen una carrera alcista desde que se inició ese proceso y lo hacen a un ritmo más acelerado que las rentas, principalmente las de los jóvenes, que se ven excluidos de la posibilidad de adquirir una vivienda.

Sin embargo, el mercado del alquiler no acaba de proporcionar la alternativa. Hay inversores dispuestos a intervenir pero su interés, igualmente, se circunscribe a las áreas de mayor demanda. Su presencia, eso sí, contribuye a aliviar ligeramente la presión sobre los precios, pero su aportación resulta insuficiente, lo que se resuelve en incrementos de precios en las zonas prime, que paralelamente arrastran los precios en las áreas limítrofes. Este es el análisis que realizan los expertos en el debate organizado por El PERIÓDICO DE CATALUNYA y el Consorci de la Zona Franca, en que participan Beatriz Toribio, responsable de análisis de Fotocasa; Lluís Marsà, presidente de la Associació de Promotors y Constructors de Edificis de Catalunya (APCE); Anna Esteban, directora de la oficina de Catalunya de CBRE, Joan Oller, presidente del Col·legi d’API de Catalunya y Josep Maria Pons, director del Barcelona Meeting Pont.

LOS PRECIOS

El termómetro del mercado

El termómetro más evidente de la recuperación del sector es la evolución al alza de los precios. «Estamos en una recuperación, aunque se mueve a diferentes velocidades. Catalunya (Barcelona), Madrid, Baleares y Canarias van a la cabeza. Y dentro de estas cuatro, destaca Catalunya, debido a Barcelona capital», afirma Beatriz Toribio. De hecho, si se miran los incrementos de precios, tanto de venta como de alquiler, no se puede comparar Barcelona con otras poblaciones. En la capital catalana se mueven a un ritmo del 14%, y en el resto de las provincias lo hacen en torno al 4%.                 

Según el presidente de la APCE, se llegó a alcanzar un descenso de los precios de entre el 55% y el 60% en la crisis. «Esta caída provocó que se comercializaran pisos por debajo del precio de reposición. Pero este ha sido un escenario transitorio. Poco a poco, se han provocado unas tensiones de precios acelerados, pero aún venimos de unos parámetros muy bajos», destaca. En toco caso, la evolución de los precios está bastante relacionada con la nueva producción. De las 126.000 viviendas iniciadas en Catalunya en el 2006 se llegó al  punto de inflexión en el 2013, con 3.035 viviendas. El año pasado se iniciaron 8.300 viviendas y este año se iniciarán entre 11.000 y 12.000 viviendas. Se trata, eso sí de un  crecimiento  distinto al de la última burbuja. «Esta demanda que está creciendo no quiere lo mismo que antes de la crisis. Los hogares que se crean son distintos. Además es una demanda más educada, tiene más información. Además, tenemos acceso a la financiación, pero esta es más selectiva», afirma Anna Esteban.

En todo caso, el problema tanto en la compra como el alquiler es la falta de oferta: «No hay suficiente para atender la demanda. Los precios suben lógicamente porque no se pueden poner puertas al campo. Lo que hay que hacer es proporcionar más oferta. Y estudiar cómo se puede generar más oferta», destaca Oller.  

LA OFERTA

Las dificultades para atender la demanda

Recuerda Marsà que Barcelona, con Pasqual Maragall como alcalde, hizo una apuesta por desarrollar el 22@ y sus tres millones de metros cuadrados. «Esa visión de la ciudad ha tenido sus consecuencias positivas, que durante años no se han visto; ahora sí: vienen empresas de otras zonas, con altos ejecutivos y un nivel tecnológico alto», destaca. En este sentido propone que la ciudad haga lo que han hecho otros municipios. «L’Hospitalet ha transformando la industria obsoleta en nuevas áreas residenciales. Barcelona también tiene que hacerlo», comenta. 

En todo caso, desde que se detecta la demanda hasta que se pone a disposición el producto pasa un tiempo, recuerda Anna Esteban. Eso puede llegar a provocar crecimientos de precios de hasta dos dígitos. Pero ¿son sostenibles? «No lo son. Porque al final la oferta toma la velocidad que debe tomar», agrega.

La clave es que «había gente que estaba esperando para salir a comprar.  Ha coincidido todos los factores en un momento preciso, pero no se prolongará todo a la vez», plantea Toribio.

LA GRAN BARCELONA

Los márgenes de crecimiento 

Existe cierto consenso en el sector sobre que la dificultad de Barcelona para generar nueva oferta impide una cierta modulación de los precios. Los agentes consideran que habría que romper ese corsé. «Cuando Barcelona ocupe el mismo territorio que Madrid será más fácil mejorar la oferta», afirma Oller. Discrepa en este sentido Esteban, ya que, considera, que no es suelo lo que falta. La cuestión es que «lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es trabajar para desarrollar el 22@, Zona Franca y La Sagrera, que aún tienen bolsas de suelo». Luego «habrá que crecer con la zona metropolitana y hacer la Gran Barcelona», precisa

«Si cambia la regulación sí, sino, será difícil», apostilla Oller.  Y el presidente de la APCE agrega: «El 22@ solo admite dos usos; terciario y vivienda. La Sagrera lleva un peso importante de terciario. En la Marina del Prat Vermell, estamos viendo las dificultades que hay para hacer los planeamientos . Por eso hay que pensar en otras zonas: antiguos polígonos industriales, prácticamente obsoletos, como se ha hecho en L’Hospitalet».

Una cuestión añadida es que para extender el territorio de Barcelona, hay que  gastar dinero y desarrollar la red viaria con el propósito de acercar las poblaciones limítrofes y desarrollar  nuevos suelos residenciales. «Pero el problema es que hemos arrancado el reloj , pero hay una aguja que no anda, que es la del desarrollo de los suelos urbanísticos», agrega Marsà. «Este es el gran problema en este momento», apostilla Toribio.

LA ADMINISTRACIÓN

El tapón de los municipios

Desde el punto de vista de la industria inmobiliaria, el desarrollo de la actividad donde la demanda lo permite choca con la realidad política: «La composición de los cartapacios municipales está muy dispersa», afirma Marsà. «Ahora todos los partidos gobiernan con coaliciones. Y muchos municipios están en situación de encaje complicado. El problema es que el urbanismo está paralizado. Nadie quiere asumir el desgaste de un nuevo desarrollo urbanístico porque siempre hay un perjudicados».

Esa situación representa una barrera para los fondos de inversión internacionales, que no cuentan con las suficientes garantías jurídicas. Hay ayuntamientos que pueden llegar a cambiar la calificación de un terreno que ya se había destinado a un uso concreto, después de que el inversor ya haya planificado el proyecto. «No hay un problema de recursos con esos fondos. Y cubren todos las tipologías. Pero sería importante quitarles los palos de las ruedas para que puedan hacer gestión», precisa Esteban.

La cuestión es la seguridad jurídica que se ofrece, indica Oller: «Se juegan mucho dinero cuando invierten en el sector. Y hay demasiada inseguridad, y esto perjudica. Si hay seguridad hay ejecución». Pero el problema es que no se sabe «quién manda. Cambian las cabezas. Donde dije digo, digo Diego... Y así es complicado». 

EL ALQUILER

La falta de iniciativa   en el mercado

El inquilino también necesita más seguridad jurídica», afirma Oller. «¿Nos hemos planteado cuánta inseguridad significa para alguien que quiere crear una familia, tener un  contrato que va a vencer en tres años?», se pregunta. «Esto es vivir agobiado». Los que tienen el BOE y el DOG y tienen la opción de cambiar la ley, deben hacerlo: «Ahora un caso que se puede solucionar en tres meses, necesita tres años». 

Por su parte, Marsà agrega que en el 2020 entrará en funcionamiento una directiva europea que pide un determinado grado de eficiencia energética de los edificios. Y para la administraciones pública entrará en vigor en el 2018. «Los promotores estamos muy inquietos porque la normativa actual no contempla lo que se necesita para que entre en vigor esa directiva». La cuestión es que se necesitarán ordenanzas nuevas para ajustarse a esa normativa.  Pero no se están haciendo. H