CONSECUENCIAS PENALES
Hacienda pide investigar los pagos de Diplocat a los observadores del 1-O
El secretario de Estado Fernández de Moya reclama al Fiscal General del Estado que indague sobre posibles responsabilidades penales
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
Agustí Sala / Rosa María Sánchez / Barcelona / Madrid
Nueva ofensiva legal contra el proceso independentista. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha pedido por carta al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que investigue los fondos con los que Diplocat financió los gastos del grupo de expertos internacionales contratados para el seguimiento del referéndum. Hacienda reclama una investigación por si de estos hechos "se deducen indicios de criminalidad" y posibles responsabilidades penales "contra autoridades y funcionarios de la Generalitat".
Se da la circunstancia de que Diplocat es un consorcio público-privado, pero recibe de la Generalitat "la mayor parte de los fondos con los que se financia", explica Fernández de Moya al fiscal general. El presupuesto de esta entidad para este año es de unos 2,3 millones de euros.
Además este organimso está encabezado por el 'president' Carles Puigdemont. Hacienda recuerda que la citada consulta estaba suspendida por el Tribunal Constitucional, al igual que la ley de transitoriedad jurídica y que se obligó a "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".
Plazo de 24 horas
En la misiva afirma que se instó el pasado 29 de septiembre a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, a que remitiera "en el plazo de 24 horas todos los expedientes de gasto del 2017 de Diplocat relacionados con programas relacionados con misiones de observación electoral, o cualquier otro expediente relacionado con el referido reférendum".
En otra carta, la interventora general comunicó el pasado 30 de septiembre que carecía de competencias para ello por las características del organismo y, por tanto, era imposible disponer en 24 horas de la información requierida. Aún así, Rosa Vidal explica en su misiva de respuesta que solicitó la información a la Conselleria d'Afers i Relacions Institutcionals i Exteriors i Transparència, que dirige Raül Romeva; y que remitiría los datos tanto pronto como dispusiera de ellos.
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