ESCÁNDALO FINANCIERO
La fiscalía pide a la Audiencia que admita las querellas contra Ron y Saracho
Accionistas y asociaciones de consumidores han presentado demadas por la intervención y venta del Popular
Saracho es reelegido consejero de IAG_MEDIA_1
Por qué confiar en El Periódico La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y sus consejos de administración por la quiebra de la entidad el pasado 7 de junio. En total, se han presentado una treintena de querellas.
La intervención del banco, decidida por la Junta Única de Resolución (JUR) europea después de que el Banco Central Europeo (BCE) lo declarase insolvente, implicó que los accionistas perdiesen todo su dinero y que la entidad fuese vendida al Santander por un euro. Según fuentes jurídicas, Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores: el Banco de España y la Comisión Nacional del Merado de Valores (CNMV).
Varios despachos de abogados han presentado iniciativas penales por estafa y delitos de falsedad contable contra el último consejo del Popular, presidido por Saracho, y el anterior, encabezado por Ron. También se han dirigido contra la auditora PwC.
Demandas presentadas
Así, el pasado julio, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó una querella contra Ron, el ex consejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, PwC y el socio de esta Francisco Barrios por falsedad contable y estafa al inversor. También el despacho Cremades & Calvo Sotelo amplió en julio con una querella la denuncia presentada contra Saracho por presunta administración desleal.
Estos pleitos se suman a los recursos contencioso administrativos interpuestos contra el papel de la JUR y contra el español Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que fue el encargado de ejecutar la operación. Se han presentado, asimismo, demandas en los tribunales europeos.
Además, numerosos inversores del banco han demandado a la JUR para obligarla a publicar un informe de Deloitte que sirvió de base para la operación y que atribuía al banco una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros. Sin embargo, en un escenario más positivo le concedía una valoración de 1.500 millones de euros, información que fue ocultada en el momento de la intervención por el organismo. El Gobierno y el Banco de España han pedido su publicación, pero el organismo con sede en Bruselas se ha negado.
Denuncias de inversores internacionales
El fondo de inversión estadounidense Pimco y otras cuatro firmas inversoras (Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital) presentaron el 7 de septiembre un recurso contencioso administrativo contra el FROB por la intervención del Popular, que les costó 850 millones de euros.
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