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El Congreso rechaza que el Gobierno evite despidos y cierre de oficinas tras la venta del Popular

Unidos Podemos quiere que la UE explique en el Congreso la venta del Popular por un euro

El Congreso ha rechazado la proposición no de ley registrada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la que exigía al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para evitar despidos y el cierre de oficinas en municipios y áreas urbanas con "insuficiencia de servicios bancarios" tras la absorción del Banco Popular por el Santander.

Así, el Partido Popular, Ciudadanos, PNV y PDeCAT han tumbado esta iniciativa en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Baja, en la que no ha bastado el respaldo del PSOE, Esquerra Republicana y Nueva Canarias, además del grupo proponente.

La proposición no de ley, defendida por la diputada de En Marea Yolanda Díaz, instaba al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para que este proceso de "compra y absorción" no requiera "de ninguna aportación financiera de fondos públicos en forma de ayudas o reconocimiento de obligaciones de ningún tipo".

También reclamaba evitar "el empeoramiento de las condiciones laborales de las plantillas", así como articular medidas para "esclarecer las posibles responsabilidades de cualquier tipo en que hayan podido incurrir los equipos directivos de la entidad".

UNA CONCENTRACIÓN BANCARIA "ELEVADÍSIMA"

Durante su intervención en la comisión, Díaz ha criticado "el elevadísimo nivel de concentración bancaria" del sector financiero español --las cinco entidades más grandes controlan el 72% del mercado, por el 31% en Alemania, ha dicho--, lo que aumenta, a su juicio, la importancia de que Bankia "siga estando en manos públicas".

Díaz ha señalado que la quiebra del Popular fue "una auténtica argucia", ya que ha asegurado que se trataba de una operación orquestada por determinados inversores, "responsables de la operación especulativa que propició la bajada estrepitosa del valor de las acciones".

Durante el turno de intervenciones, Díaz únicamente ha recabado el apoyo del PSOE, a pesar de que su diputada Ana María Botella criticara que la iniciativa llegara "a la descalificación" a los socialistas, pues "en un ataque de trinchera" les colocaba "como el centro de todos los males del sector financiero".

Sin embargo, ha centrado su crítica al papel desarrollado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, los reguladores nacionales y comunitarios y los informes que avalaron la solvencia del Popular. "¿Por qué en el siglo XXI, con la Unión Bancaria en marcha, como es posible que el Popular no tuviera liquidez? ¿Se suicidó el Popular o lo estrangularon?", ha preguntado.

UNA "INJERENCIA EN LA ACTIVIDAD PRIVADA"

Frente a estas posturas, la diputada del PP Tristana Moraleja ha insistido en que la venta del Popular no fue una decisión del Gobierno, sino de las autoridades europeas, que actuaron conforme a lo reflejado en la normativa comunitaria y que "lo más importante" fue asegurar los depósitos bancarios.

Asimismo, ha asegurado que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se puso en contacto con la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, "para expresar su preocupación" por los accionistas del Popular y las consecuencias de su absorción en su comunidad autónoma.

Por su parte, el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha señalado que frente a la reciente resolución de Italia, que implicará un desembolso de 17.000 millones de euros de dinero público la solución española fue "la menos mala posible", mientras que su homólogo en el PDeCAT, Ferrán Bel, ha calificado la iniciativa como una "injerencia absoluta en la actividad privada". "Eso cómo se paga? Supongo que con fondos públicos. ¿O se usará un Verkami?", se ha preguntado, ironizando sobre la posibilidad de recabar fondos a través de una recaudación colectiva de fondos.

UNIDOS PODEMOS RECLAMA EXPLICACIONES DE LA UE

Por otro lado, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere que la Junta Única de Resolución, organismo europeo que decidió la venta del Banco Popular al Banco Santander por un euro a principios de junio explique en el Congreso los motivos que le llevaron a adoptar esta medida.

De esta forma, varios diputados del grupo confederal han registrado en la Cámara Baja una solicitud de comparecencia para la presidenta de este organismo europeo, Elke König, ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad "en calidad de experta para explicar la forma y el fondo de la resolución de la crisis del Banco Popular".

La Junta Única de Resolución, autoridad europea dentro de la Unión Bancaria y de su Mecanismo Único de Resolución, decidió la venta de la sexta entidad financiera española por tan solo un euro ante la situación de "quiebra o probable quiebra" tras la escalonada pérdida de valor de sus acciones en las semanas previas.

La venta del Popular al Santander ha sido la primera resolución adoptada por este mecanismo, iniciado en 2015 y aprobado para evitar los rescates con dinero público de las entidades financieras.

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