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REFORMA DE UNA INSTITUCIÓN CLAVE

El Gobierno desmantelará la CNMC con los mismos argumentos con los que la creó

El Ejecutivo desgajará el organismo único actual en varias "autoridades administrativas independientes"

La eficiencia y capacidad de supervisión fueron motivos que se usaron para fusionar los entes que había en el 2013

Agustí Sala Olga Grau

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Sede de la CNMC en Barcelona.

El Gobierno desmantelará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) empleando iguales o similares argumentos que utilizó para su creación en el 2013. La previsión del Ejecutivo del PP, que hace cuatro años unificó en un solo organismo varios entes supervisores y reguladores en aras a ganar eficienciaeconomías de escala y racionalidad, es constituir a lo largo de este año "autoridades administrativas independientes" de Competencia, de Supervisión y Regulación de los Mercados, de Seguros y Fondos de Pensiones y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, según recoge el plan nacional de reformas remitido por el Gobierno a Bruselas a finales de abril.

Este texto asegura que la normativa se elaborará y tramitará a lo largo de este año. Los trabajos están encaminados a reordenar "la arquitectura institucional de defensa de la competencia y la supervisión en el ámbito económico y financiero en España, con el fin último de mejorar el sistema de gobernanza económica". Entre los argumentos que se han mandado a Bruselas están el adaptarse "a las mejores prácticas internacionales, reforzar la independencia y mejorar el sistema de nombramiento de los órganos de gobierno sobre la base de criterios de transparencia, meritocracia, participación democrática e inexistencia de conflictos de interés".  

Se da la circunstancia de que la CNMC, que preside José María Marín Quemada, aglutinó las funciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Comité de Regulación Ferroviaria o la Comisión Nacional del Sector Postal, con el argumento de ganar eficiencia y poder tratar de tú a tú con las compañías que debe supervisar. En la exposición de motivos de la ley 3/2013, de 4 de junio, con la que nació la CNMC se argumentaba "una clara tendencia a nivel internacional a fusionar autoridades relacionadas con un único sector o con sectores que presentan una estrecha relación, pasando del modelo uni-sectorial a un modelo de convergencia orgánica, material o funcional en actividades similares o a un modelo multisectorial para sectores con industrias de red".

ECONOMÍAS DE ESCALA

El texto agregaba que "las ventajas que han motivado la adopción de estos modelos son las de optimizar las economías de escala y garantizar el enfoque consistente de la regulación en todas las industrias de red. Además, se ha argumentado que el riesgo de captura del regulador, tanto por el sector privado como por el Gobierno, es menor en el caso de las autoridades multisectoriales, al reducirse la importancia relativa de un determinado sector o de un determinado ministerio para la autoridad".

Todos estos argumentos los recuerda también la Asociación Española de Defensa de la Competencia (AEDC), que agrupa abogados, economistas y académicos, que presentaron sus planteamientos tras la consulta pública de marzo pasado en la que el Gobierno dio a conocer algunas líneas generales de sus planes. Incluso retocar el sistema actual, dado que los periodos de interinidad y cambios profundos reducen la capacidad de supervisión del mercado, como sucedió en el 2013.

BRAZO DEL GOBIERNO

Los expertos temen que entre la creación de agencias que velen por el buen funcionamiento del mercado y aquellas que hacen de "brazo alargado de la intervención del Gobierno", se opte por esta segunda fórmula. Además, no existen precedentes en el mundo occidental y, desde luego no en la Unión Europea, de países que reformen el sistema de supervisión, competencia y regulación, considerados clave para las garantías jurídicas, de libre mercado y democráticas que debe tener un país, en un periodo tan corto y con cambios de tanta envergadura.    

Una cuestión clave que no se ha aclarado de esta reforma, integrada en el pacto que sellaron el PP y Ciudadanos para investir a Mariano Rajoy, es el control del Ejecutivo de ámbitos que deberían ser competencia del regulador. España es incluso objeto de un procedimiento por parte de la Comisión Europea por haberse reservado el antiguo Ministerio de Industria determinadas competencias en el sector eléctrico, que deberían corresponder a la CNMC, como los peajes de la tarifa eléctrica. El titular del actual departamento de Energía, Álvaro Nadal, ha remitido alegaciones en las que justifica mantener esas competencias en las características del mercado energético español.   

Otros puntos en los que el Ejecutivo se ha reservado competencias son los del espacio radioeléctrico o las tarifas de Aena, sobre lo que Bruselas ya ha abierto una investigación, el paso previo a iniciar un procedimiento de infracción.

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