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POBREZA ENERGÉTICA

El nuevo bono social y el fin de los cortes de la luz se retrasarán aún varios meses

El Gobierno no sabe si podrá estar en vigor antes del verano por los trámites administrativos

Energía quiere acudir a Europa para no pagar 500 millones a las eléctricas y defiende mantener las nucleares

P. ALLENDESALAZAR / MADRID

Álvaro Nadal en Congreso

El ministo de Energía, Álvaro Nadal, durante una comparecencia en el Congreso.  / DAVID CASTRO

El reglamento de la ley del pasado diciembre que prohibe los cortes de la luz a personas en situación de pobreza energética y ligará el bono social (descuento del 25% en la factura eléctrica, que en los casos más extremos va a pasar a ser del 100%) a la renta de sus beneficiarios tardará todavía algunos meses en estar aprobado. Así lo han admitido este miércoles fuentes del Ministerio de Energía, que no han podido precisar si dicho reglamento, que es donde se incluyen los aspectos más concretos como la definición de consumidor muy vulnerable y el procedimiento para evitar los cortes, estará aprobado antes o después del verano. "Lo antes posible", han asegurado.

El departamento que dirige Álvaro Nadal ha explicado que ya ha recibido las propuestas que pidió a PSOE, Podemos y Ciudadanos para elaborar el reglamento y ha asegurado que están "bastante en línea" con las del ministerio. Energía, así, ha decidido que los hogares con menos de 3 kw de potencia contratada dejarán de beneficiarse de forma generalizada del bono social, pero no así los otros colectivos actualmente incluídos (hogares con todos los miembros en paro, familias numerosas y pensionistas con la prestación mínima). 

"Estamos haciendo cuentas", han sostenido las fuentes. El 80% de los actuales perceptores del bono social (2,4 millones de contratos y siete millones de beneficiarios) lo son porque tienen una potencia contratada inferior a 3 kw. "Si lo eliminas, tienes que calcular cuántos entrarán (es decir, seguirán recibiendo el bono social) por criterios de riesgo (de pobreza energética). Lo tenemos más o menos calculado", han apuntado las fuentes, que no han querido precisar las cifras porque el departamento las quiere comentar antes con los grupos parlamentarios.

TRÁMITES LENTOS

El ministerio tiente tres meses, a contar desde la convalidación del decreto en el Congreso a finales de enero, para elaborar el reglamento. El problema es que tanto la Comisión Europea, como el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrán que pronunciarse sobre el mismo. Lo que más preocupa a Energía es que Bruselas se demore en emitir su dictamen, ya que "no tiene presión" social para hacerlo. 

Las fuentes, por otra parte, han explicado que el Gobierno ha llevado al Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre que anuló el sistema de financiación del bono social y obligó al Estado a devolver unos 500 millones de euros a las eléctricas vía presupuestos o vía sobrecargo en la tarifa de la luz. El Ejecutivo quiere que el Constitucional presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, porque entiende que el Supremo se extralimitó al interpretar una directiva europea, cuando su misión se circunscribe a las leyes españolas. "Creemos que al Tribunal de Luxemburgo no le va a gustar", han sostenido.

NUCLEARES Y AUTOCONSUMO

Energía, por otra parte, ha defendido que es partidaria de mantener todas las tecnologías actuales de generación eléctrica, incluida la nuclear, y de ir a haciendo frente a las nuevas necesidades de ampliar la potencia instalada con renovables. En este sentido, se ha mostrado partidaria de estudiar caso a caso y con argumentos técnicos la situación de cada central nuclear una vez vayan venciendo sus licencias para operar, empezando por Garoña, para la que ha pedido seis meses para decidir. Sin embargo, en el ministerio se apunta que algunos grupos parlamentarios quieren plantear el futuro de todas las nucleares como una decisión política y admite que tendrá que negociar ante su minoría parlamentaria.

El departamento, por otro lado, se ha mostrado dispuesto a hacer cambios menores en el autoconsumo eléctrico para que las instalaciones que sean eficientes no tengan que pagar el llamado impuesto al sol y para mejorar el tratamiento de las baterías, pero se ha negado a cambios de mayor calado. Además, han calculado que la nueva subasta de energía renovable de 3.000 kw de potencia instalada que prepara tendrá un coste en primas al año de solo unos 30 a 40 millones de euros. 

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