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Andorra regula por primera vez el delito fiscal

Con la medida, el coprincipado adapta la legislación a los estándares internacionales

Agustí Sala

Antoni Martí, reelegido presidente del Govern dAndorra.

Antoni Martí, cap de Govern de Andorra. / TONY LARA

Andorra ha decidido regular el delito fiscal. El consejo de ministros del coprincipado ha aprobado la propuesta de ley de modificación del código penal que incluye la tipificación del delito fiscal. La norma fija en 50.000 euros (en España son 120.000 euros y prescripción a los 5 años) el umbral a partir del cual se considerará delito la evasión tributaria, con prescripción a partir de 10 años.

También se calificará como "grave" cuando se superen los 150.000 euros (en España son 600.000 y prescripción a los 10 años) o cuando los hechos se enmarquen "en una organización criminal" , según el proyecto que en los próximos días pasará por el parlamento para su aprobación definitiva. El tipo agravado podrá ser considerado además delito de blanqueo

El objetivo de esta medida es adaptarse a los estándares legales internacionales. De hecho, si un tiempo atrás hubiera existido como delito, las autoridades del país pirenaico hubieran tenido que facilitar información a la justicia española sobre la familia del 'expresident' Jordi Pujol.

La reforma, a propuesta del ministro de Finanzas, Jordi Cinca, tiene en cuenta que ya existía en la normativa andorrana la figura del delito de defraudación a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Tras la ratificación del acuerdo monetario entre el Principat d'Andorra y la Unión Monetaria, en el 2011, se ha ido implementando en el ordenamiento jurídico la directiva de la Unión Europea (UE) relativa a la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

BLANQUEO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

A su vez, el principado se ha sometido regularmente a las evaluaciones del Consejo de Europa. Por ello "resulta fundamental implementar los estándares internacionales en materia de medidas contra el blanqueo y la financiación del terrorismo", según un comunicado del gobierno andorrano.

Para dotar al principado de un sistema efectivo de lucha contra el blanqueo, el proyecto otorga al ministerio fiscal "la potestad de obtener información de cualquier entidad financiera o de una persona física jurídica sujeta al secreto profesional". Con todo ello podrá luchar con más armas contra estos delitos.   

El texto también amplía el delito de contrabando a cualquier tipo de mercancías, y no solo las sensibles, como hasta ahora. A su vez se incorpora a los delitos que pueden ser considerados también de blanqueo los de insolvencias punibles, la defraudación a la CASS, la financiación ilegal de partidos políticos y el derroche de caudales públicos.

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