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CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

Al menos 11 de cada 100 hogares catalanes están afectados por la pobreza energética

Un estudio encargado por el Govern estima que se requieren unos 16 millones para cubrir la carencia que afecta a 325.021 familias

El informe del consorcio público Ivàlua sitúa en 854.710 las personas afectadas por dificultades para pagar la luz o el gas

Agustí Sala

Concentración contra la pobreza energética, ayer, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.

Concentración contra la pobreza energética,en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. / FERRAN SENDRA

Al menos 325.021 hogares catalanes, el 11% del total, están afectados por la pobreza energética, es decir, la dificultad de hacer frente a la factura de los servicios de luz, gas y agua más básicos. Este es el resultado de un estudio elaborado por Ivàlua, un consorcio público en el que participan la Generalitat, la Diputació de Barcelona y Universitat Pompeu Fabra (UPF), entre otros organismos, según el cual cubrir esa carencia costaría anualmente unos 16,3 millones de euros. El objetivo del análisis es "estimar el coste presupuestario de dar cobertura a todas las personas que se encuentran en esta situación en Catalunya".

Las estimaciones se han hecho por encargo de la Vicepresidència y Conselleria d'Economia de Oriol Junqueras y son preliminares. Los resultados rebajan de forma sustancial los cálculos realizados con el método de considerar que están en esa situación aquellos hogares en los que los costes de luzgas agua suponen más del 10% de su renta disponible, porque de esta forma, "incluso los hogares en la parte más alta de la distribución de la renta serían considerados pobres energéticos", advierte el informe. 

El indicador incluye solo los tramos de renta más bajos y evita que sean considerados pobres energéticos hogares de ingresos elevados

También son distintos de los cálculos hechos con el método británico, que relaciona los altos costes energéticos con las rentas bajas. Con el umbral del 10% de gasto energético, la cifra de hogares afectados en Catalunya sube a 551.550, el 18,7% del total; y con el método británico, a 397.289, el 13,5% del total. Los costes para cubrir esa carencia serían de 29,9 millones y 19,8 millones, respectivamente.

En el informe se defiende un indicador propio. En vez de tener en cuenta solo el coste energético en relación con la renta disponible del hogar, se basa en la factura que deberían pagar los hogares para situarse en la media de confort de la población teniendo en cuenta factores como la localización, la superficie de la vivienda o la climatología. Además se descuenta la parte dedicada a energía y se determina si la renta pasa de esta forma a ser inferior al umbral de riesgo de pobreza, a diferencia del sistema británico.

RENTAS BAJAS

Con esta fórmula, solo se consideran pobres energéticos los hogares en tramos de rentas más bajos. Según el cálculo de Ivàlua, se trata de 854.710 personas, que suponen el 12,7% de la población catalana. Con el indicador más simple (superar el 10% de la renta) son 1.283.700 personas, el 17,5% del total; y con la fórmula británica, 1.030.770, el 14,1% del total.


Hasta ahora se manejaba como indicador el procedente de la encuesta de condiciones de vida del 2015, según el cual la pobreza energética afectaba al 7% de la población (unas 511.000 personas), por encima del 6,3% de la media española. No es ajeno a eso que la factura energética triplicó el alza de los salarios desde el 2007.

Ante todo ello, el Gobierno, de acuerdo con el PSOE Ciudadanos, aprobó un decreto para evitar los cortes de luz a los consumidores más vulnerables, pero no entrará en vigor hasta de dentro de unos tres meses. En Catalunya, tras el primer congreso de pobreza energética celebrado el pasado noviembre, auspiciado entre otros por la Taula d'Entitats del del Tercer Sector Social de Catalunya, el Govern ha creado dos grupos de trabajo para elaborar propuestas.

PROTOCOLO

Y a la vez sigue aplicando un protocolo que obliga a las compañías a solicitar un informe de los servicios sociales antes de cortar el suministro, ante la disparidad de decisiones judiciales sobre las impugnaciones llevadas a cabo por el sector. Este procedimiento falló en el caso del fallecimiento de una anciana en Reus por el incendio producido por unas velas con las que se alumbraba.

Ivàlua basa sus cálculos en el gasto energético efectivamente realizado por las familias, a la espera de estimar el que debería ser para situarse en nivel de confort medio; y eso puede haber dejado fuera hogares que, como consecuencia de su situación económica limitan su consumo de energía "por debajo de lo que sería socialmente deseable", admiten.

El flanco más débil del sistema más sencillo (superar el 10% de la renta disponible) es que puede incluir como pobres energéticos hogares de rentas altas con un consumo elevado en bienes de lujo, como una piscina climatizada y que, por tanto, dedican más del 10% de su renta a la energía. En cambio, puede excluir de la definición de pobreza energética a familias con bajos ingresos que recortan sus gastos en energía por debajo de los mínimos deseables por tener dificultades para pagar y, por tanto, no superan el 10% de su renta dedicado a ello.

El análisis de Ivàlua refleja que los hogares en situación de pobreza energética en los que una mujer es el principal sostén están sobrerrepresentados en relación a la población general. Lo mismo sucede con las familias en las que la menos hay una persona mayor de 65 años, aquellos en que los ingresos provienen de prestaciones de paro, pensiones u otros subsidios o los que también están en riesgo de pobreza.

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