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SERVICIOS BÁSICOS

La privatización de ATLL limita el margen para bajar el recibo del agua

El contrato de gestión prevé una retribución financiera que supone el 40% de la tarifa que cobrará la concesionaria en el 2016

La factura del usuario medio que propone la Agència Catalana de l'Aigua puede bajar en torno al 0,2% cuando acumula alzas del 25% en cuatro años

Agustí Sala

Tubería y túnel de interconexión de agua de Fontsanta Trinitat.

Tubería y túnel de interconexión de agua de Fontsanta Trinitat. / FERRAN NADEU

La posibilidad de bajar el recibo del agua en el área metropolitana de Barcelona y comarcas colindantes, que suman unos 4,5 millones de habitantes, está muy limitada. El contrato de gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), diseñado por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en la anterior legislatura de CiU, ofrece muy poco margen de maniobra. Es así porque la retribución financiera a la que tiene derecho por adelantar el canon la concesionaria del servicio, un consorcio encabezado por Acciona, y que forma parte de los costes del agua, es muy alta en los primeros años del contrato. Para el próximo ejercicio supone casi el 40% de la tarifa mayorista: 60,4 millones del total de 158 millones de euros que cobrará a lo largo del 2016 la mayorista a las empresas distribuidoras.

La ACA ha propuesto una revisión de la tarifa mayorista de ATLL para el 2016 con una rebaja del 0,7%, la primera en tres años.Eso se traducirá en un 0,2% o un 0,3% de reducción en el recibo de los usuarios. Pero la rebaja podría ser mucho mayor si no fuera por el corsé financiero que desde el Govern se diseñó en su día para hacer atractiva la participación del sector privado en el concurso para la gestión de esta empresa pública, según fuentes de la industria. Desde el 2012, el recibo de una familia media en el área metropolitana acumula en la parte que corresponde al servicio del agua, un alza del 30% en cuatro años. De 22,43 euros por un consumo de 18 metros cúbicos en el 2012 ha pasado a 29,09 euros cada dos meses. Si se incluyen todos los impuestos y cargos, el alza es de alrededor del 20%: de 44,12 a 53,58. 

Esa privatización, la mayor acometida por la Generalitat, se encuentra en los tribunales desde el 2013, después de que Aigües de Barcelona (Agbar), que perdió la licitación, la impugnara. A su vez, la reversión de la privatización es uno de los ejes de la CUP en su negociación con Junts pel Sí. Plataformas como Aigua és Vida, de la que el concejal de la capital catalana por Barcelona en Comú, Eloi Badia, fue uno de los impulsores, defienden también que ATLL vuelva a ser pública.

INTERÉS FIJO

El interés previsto es del 9,33% para los 50 años de duración del contrato

El contrato de gestión de ATLL reconoce una retribución financiera al concesionario a un tipo fijo del 9,33% durante los 50 años del contrato. Una primera parte se aplica sobre el tramo efectivamente desembolsado por la concesionaria cuando firmó el contrato. A esa cantidad (298,7 millones) se le han restado las anualidades pagadas por ATLL Concesionaria (tres hasta este año) por el resto del contrato pendiente (696,8 millones) y se le añaden las inversiones acometidas (cinco millones). Eso arroja 26,7 millones que se cargan en la tarifa.

Cuando se acordó la operación, el capital privado era reacio a invertir en activos públicos españoles. De ahí que se ofreciera un rendimiento tan elevado comparado con el bono actual a 30 años, que no llega ni al 3%, según las fuentes consultadas. Lo habitual es aplicar un diferencial sobre esa referencia. "Quizás debería haberse previsto un mecanismo de revisión, pero era una época con la deuda en torno al 7%", explican fuentes conocedoras de los detalles.La Generalitat, además, necesitaba urgentemente recursos. 

DEUDA REMUNERADA

Además en la tarifa está la parte que la concesionaria debe a la Generalitat más los intereses asociados, que supera los 700 millones. ATLL paga cada ejercicio un canon con un interés del 4,95%, hasta el final de los 50 años. Y a la vez se le retribuye con el 9,33% sobre la cantidad pendiente, lo que arroja un interés neto a favor de la concesionaria del 4,38%. Son otros 33,7 millones con cargo a la tarifa para el 2016. Esa remuneración recae sobre una inversión aún no realizada y se ve en el sector como un gancho adicional incluido en su día para hacer más atractiva la inversión. En todo caso, esa carga se empezará a reducir a los 10 años del contrato, cuando se empezará a amortizar más capital, según fuentes conocedoras de las condiciones.

La configuración de la tarifa limita hoy por hoy el margen para bajarla. El peso del coste que las distribuidoras pagan a ATLL ha subido en los últimos años hasta suponer en torno a un tercio del total. Si en vez del 9,33%, la concesionaria tuviera derecho a una retribución del 7%, aún elevada, la tarifa mayorista bajaría en torno al 15% y el recibo para el usuario del área metropolitana, en torno a un 4,5%, según distribuidoras consultadas.

En ATLL recuerdan que las condiciones financieras de Agbar eran más elevadas  

"Es habitual remunerar en estos casos por cantidades aún no invertidas porque se entiende que la concesionaria tiene ese dinero hipotecado en el contrato. La cuestión es el tipo de interés que se aplica, que podría ser más bajo o haber previsto que se revisara", afirman fuentes del sector. Fuentes de ATLL recuerdan que las condiciones están recogidas en los propios pliegos del concurso. Además "las condiciones financieras eran inferiores las que planteaba la otra oferta", la de Agbar, que superaba el 10%. A su vez aseguran que los otros componentes de la tarifa, como los costes de operación, se actualizan según el IPC que, en la actualidad, es negativo.

Lo cierto es que en este contexto el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que es a la vez reguladora y socia de Agbar en la sociedad que se ocupa del ciclo del agua en ese territorio, quiere reducir la retribución financiera de esta compañía, situada en el 6,9% porque la considera alta. Además, la alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB, Ada Colau, y el vicepresidente y alcalde de Cornellà, Antoni Balmón, quieren congelar la tarifa, al igual que se ha hecho en el transporte.

Los factores extraordinarios permiten revisar las condiciones

En el ordenamiento jurídico existe el concepto de factores o riesgos extraordinarios, que surge del reglamento de obras y servicios de la Administración, según expertos en derecho administrativo. Esa figura contempla la posibilidad de que surjan cuestiones que merezcan la revisión del contrato concesional por temas que afectan al interés general o de las partes. Uno de ellos podrían ser unos tipos de interés más bajos de forma persistente en el tiempo que los fijados en el contrato de gestión de ATLL. En la actualidad eso es una evidencia.

Pueden invocar esta opción tanto el concesionario como la administración. De hecho, en el supuesto de que los intereses actuales estuvieran muy por encima de los fijados en el contrato, seguramente la concesionaria reclamaría la revisión de las condiciones. También está previsto, por ejemplo, en el caso de que la demanda sobre la que se calcula la retribución del prestador del servicio esté muy por debajo de la estimada.

Lo que sorprende a las fuentes consultadas es que no sea la propia administración catalana la que, en el caso de ATLL, reclame una revisión de las condiciones financieras atendiendo a la situación actual del mercado.

Abertis, por ejemplo, llevó a los tribunales al Ministerio de Fomento por 769 millones de euros que entiende que le tiene que pagar por el menor volumen de tráfico registrado en el tramo de la autopista AP-7 que gestiona esta compañía con respecto al inicialmente estimado.

El contrato de ATLL prevé además de una revisión anual ordinaria otra cada cinco años mediante un estudio de costes que, en ningún caso, podrán ser inferiores a los del periodo anterior. Una tercera opción es la revisión por otras causas, como la entrada en funcionamiento de nuevas instalaciones cuyo coste de operación suponga un aumento de más del 2% de los costes de operación totales. También puede aplicarse si hay modificaciones legales que supongan nuevos costes de operación superiores o inferiores en un 6% con respecto a la media de los tres años anteriores. 

  

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