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Las consecuencias de unos cambios legales

España acumula demandas por el recorte a las energías renovables

Hay seis denuncias ante el Banco Mundial, tres más en el SCC Institute y una colectiva en la ONU

En el CIADI de Washington ocupa el primer lugar en pleitos hasta junio y fue el tercer país en el 2013

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

España ocupa en lo que va de año el primer puesto en denuncias en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, con un total de tres, por encima de Venezuela (dos) o Gambia, con la misma cifra.

La reforma energética, que conlleva un recorte de la remuneración de las energías renovables de unos 1.700 millones de euros, aprobado el viernes pasado, ha provocado esta situación protagonizada por distintos inversores internacionales. En total se acumulan seis denuncias contra el Reino de España en ese organismo con sede en Washington. El año pasado se presentaron tres y de esta forma España solo fue superada por Egipto (6) y Uzbekistán (4).

Pero los pleitos relacionados con la inseguridad jurídica por este cambio legislativo con efectos retroactivos desde el pasado 1 de julio no se quedan aquí. En el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia), el SCC Institute, se acumulan otras tres presentadas por la filial holandesa de la española Isolux; por una filial de Abengoa, CSP Equity Investments; y por las sociedades de inversión Charanne and Construction Investment. Este organismo está reconocido internacionalmente para dirimir conflictos comerciales en países occidentales.

SOCIEDADES EXTRANJERAS / Además, en noviembre el 2011, como consecuencia de primera reforma acometida por el Gobierno socialista, 16 inversores bajo el nombre de PV Investors plantearon una denuncia ante el Uncitral, la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Internacional, dependiente de la ONU.

Las reclamaciones proceden todas de sociedades extranjeras porque son al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, en virtud de una supuesta violación de la seguridad jurídica de las inversiones foráneas.

Lo cierto es que desde las primeras reformas, un sector que se había situado en cabeza en Europa, como el de las energías renovables, está sumido en una crisis profunda. España ha desaparecido del punto de mira de la industria eólica internacional. Tras los recortes decididos por el Gobierno, el sector redirige su foco hacia las economías emergentes, según pudo constatarse en el certamen eólico europeo EWEA 2014, celebrado en marzo en Barcelona.

Thomas Becker, consejero delegado de EWEA consideró en esa reunión que el recorte a las renovables está guiado por «la ideología». En opinión de este organismo, el Ejecutivo del PP «da el peor ejemplo posible a otros países» y provocará «la desindustrialización y la pérdida de liderazgo mundial del sector».

En el Gobierno están convencidos de que tienen la razón. El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que los demandantes aspiraban a rentabilidades del 20% «durante toda la vida, y eso no ocurre en ningún país del mundo porque, si eso ocurriera, el resultado sería que el sistema eléctrico, simplemente, quebraría».

En el Ejecutivo dicen que las demandas se basan en que la normativa daña a las empresas extranjeras cuando, en realidad, se trata de «arreglar un problema, no de discriminar». Pero, según fuentes del sector, «en los arbitrajes no necesariamente se discutirá la discriminación o no, sino el perjuicio causado por romper la confianza legítima de los inversores, ya sean nacionales o extranjeros».

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, dijo la semana pasada «no entender que se planteen arbitrajes antes de que se hayan aprobado las normas» y se preguntó por los intereses del despacho de abogados que está aglutinando estos pleitos.

Cuatro de los arbitrajes ante el CIADI los gestiona el bufete Allen & Overy. Pero los dos últimos, el de la líder en energías renovables en EEUU, NextEra Energy; y el del fondo británico InfraRed Environmental Infraestrucutre, están en manos de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom y de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, respectivamente. NextEra estimó en una comunicación ante el regulador bursátil de EEUU, la SEC, que los cambios legales le provocaban un daño de unos 220 millones de euros (300 millones de dólares).

Los otros pleitos ante el organismo del Banco Mundial los plantearon Masdar Solar, de los Emiratos Árabes Unidos; un fondo vinculado al Deutsche Bank; otro del banco francés BNP y el fondo británico Eiser Infraestructure, creado por el banco holandés ABN Amro y que en España opera con Elecnor.

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