Sánchez Gordillo repite la ocupación de la finca militar por la que ya está imputado

Apenas 48 horas ha tardado el líder jornaleroJuan Manuel Sánchez Gordillo en cumplir su amenaza y volver a la carga. Este miércoles por la mañana, un grupo formado por varios centenares de jornaleros delSindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) desplazados de varios puntos de Andalucía, principalmente de la zona occidental, han vuelto a ocupar lafinca militar deLas Turquillas en Osuna (Sevilla)como forma de presión para conseguir que el terreno se convierta en unacooperativa.

La ocupación pacífica de la finca, forma habitual del SAT de reivindicar el derecho a un puesto de trabajo en el campo elPrimero de Mayo, se ha producido a primera hora de la mañana. Los jornaleros han saltado la barrera de la finca situada más cerca de la carretera, aunque no han llegado a las instalaciones de la parcela, que estaban custodiadas por la Guardia Civil.

Es la segunda vez en menos de un año que el alcalde de Marinaleda (Sevilla) y diputado en el Parlamento andaluz Sánchez Gordillo encabeza la ocupación de esta finca militar de forma pacífica para exigir que les dejen cultivarla a modo de cooperativa, como ya hacen por ejemplo en Marinaleda. Fuentes del SAT insisten en que no quieren la propiedad del terreno, sino solo darle uso y generar trabajo.

Negativa a declarar ante el Tribunal Superior de Andalucía

Sánchez Gordillo y otros 53 jornaleros están ya imputados por la ocupación que, durante dos meses, llevaron a cabo el pasado verano en este mismo lugar. Precisamente el pasado lunes el diputado estaba citado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por los delitos de daños y usurpación, aunque se acogió a su derecho a no declarar y anunció que volverían a la finca.

Ese día, a las puertas del alto tribunal, incidió en que la ocupación del pasado verano fue “simbólica, pacífica, tranquila” y no provocó problema "de ningún tipo". El portavoz delSAT,Diego Cañamero, insistió también en que eran conscientes de que con esta nueva ocupación vendrán nuevos procesos judiciales y más imputaciones, pero que era un coste “asumible” en su batalla por denunciar las injusticias del campo andaluz, que desde el sindicato defienden que debe tener una función social.