MEDIDA POLÉMICA

La revuelta del azúcar

Sed 8 Estanterías de un supermercado de l'Hospitalet.

Sed 8 Estanterías de un supermercado de l'Hospitalet.

JOSEP M. BERENGUERAS
BARCELONA

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«Introducción de un gravamen sobre las bebidas de refresco con exceso de azúcar, por razones de salud, que afectaría principalmente a las grandes distribuidoras de bebidas». Así plantean CiU y ERC en el documento Acord X legislatura uno de los nuevos impuestos que se pretenden aplicar para aumentar los ingresos de las arcas públicas y que ha levantado la crítica, en bloque, del sector alimentario.

De momento no se ha concretado cómo ni cuánto, pero fuentes del sector apuntan a que el gravamen podía significar 2,4 céntimos por lata y 7,5 céntimos por litro en este tipo de bebidas. O lo que es lo mismo: una lata de Coca-cola pasaría a costar 0,58-0,59 euros (desde los 0,56 euros actuales), mientras que una botella de dos litros de Pepsi se encarecería del euro actual a los 1,15 euros. Todo ello, para recaudar alrededor de 22 millones de euros anuales.

La medida no es pionera: el debate se abrió antes en varios países europeos. Sin embargo, recuerda el director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas (Anfabra), Josep Puxeu, en países como Italia, Francia y Dinamarca «estaba previsto como medida recaudatoria pero al final se descartó».

«Se trata de un impuesto discriminatorio, sin pies ni cabeza», afirma Pilar Puértolas, gerente de la firma Sanmy. Según la directiva, un gravamen de este tipo «discriminaría al refresco catalán» y afectaría a «una de las industrias más importantes de la región», pues de aplicarse conllevaría una reducción del consumo. «Entendemos que el impuesto lo pagarán directamente los consumidores cuando compren las bebidas, lo que provocará menos compras y atacar también al sector de la hostelería», añade.

Puxeu va más allá, y destaca que «en Catalunya hay mucha industria y se pueden destruir puestos de trabajo». Además, cuestiona su efectividad: «Se puede dar el caso de que pase lo contrario: bajará el consumo, la recaudación del IVA y la del beneficio de las empresas». «En 15 años se han bajado un 22% las kilocalorías en este tipo de bebidas. Pero la obesidad infantil ha aumentado», agrega Puértolas. Sin embargo, un estudio publicado recientemente en la revista Plos Medicine afirma que un aumento del 10% en el precio de refrescos podría disminuir el consumo entre un 1% y el 24%.

La industria de la alimentación y bebidas, envasado, distribución, hostelería, comercio y gestión de residuos de envases (FIAB, Anged, FEHR, Asedas, ACES, CEC, Ecovidrio y Ecoembes) considera que la creciente «ola impositiva» autonómica pone «en peligro la competitividad del país».