Análisis

Incertidumbres y crisis

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JOSEP MARIA RAÑÉ

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La continuidad en la destrucción de empleo y su consecuencia más evidente, el paro, que afecta ya a más de 5,6 millones de personas como resultado de la segunda recesión en la que entra nuestra economía desde el 2008, han sido los factores predominantes en este Primero de Mayo, pero no los únicos.

La forma de abordar la salida de la crisis ha sido el otro factor. Una divergencia que en buena parte se resume en dos planteamientos: por un lado, las tesis de los partidarios de la adopción de políticas de reactivación económica dirigidas a la creación de empleo, entre los que se encuentran los sindicatos, y por otro las de aquellos que abogan por la continuidad o la profundización de las políticas de austeridad y equilibrio presupuestario iniciadas en mayo del 2010, hace ya dos años.

Mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo es un objetivo compartido por las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias para favorecer la creación sostenida y sostenible de empleo, como lo demuestra que en enero pasado firmasen dos acuerdos: uno sobre flexibilidad interna y negociada en las empresas y otro sobre sueldos para los próximos tres años que llevaba implícita la moderación salarial practicada en los años de la crisis.

Sin embargo, la existencia de este consenso social no impidió que el Gobierno decretase una reforma que desequilibra las relaciones laborales otorgando más capacidad para poder modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo a la parte empresarial, reduciendo los costes del despido y debilitando la negociación colectiva.

A este hecho importante, que en nada ayuda a un clima proclive al diálogo y el entendimiento, hay que añadir un restrictivo proyecto de Presupuestos para este año, con un añadido que recorta las prestaciones en salud y educación en 10.000 millones de de euros fruto de las presiones europeas, y el incremento de fórmulas de copago tanto en las prestaciones farmacéuticas como en los servicios sanitarios para las personas más enfermas o con menos recursos. En la práctica, esto supone la pérdida de derechos universales de ciudadanía que con gran esfuerzo se habían construido en los últimos 35 años de democracia, y que volvamos a la situación de prestaciones contributivas que teníamos durante el régimen franquista.

El problema básico es que, a pesar de todos estos sacrificios impuestos (recortes de prestaciones y rebaja de derechos laborales y sociales), las perspectivas en cuanto a la creación de empleo siguen sin ser nada positivas. El Gobierno deMariano Rajoyya ha adelantado que hasta dentro de dos años no habrá creación de empleo neto suficiente como para que empiecen a bajar las insoportables tasas de paro actuales. Esto es así porque se sigue insistiendo en un análisis erróneo. El problema no ha sido el déficit fiscal -España tenía superávit- o el exceso de endeudamiento público -cumplíamos los objetivos de Maastricht-, sino una crisis del sistema bancario que financió con recursos externos y sin ningún cuidado ni prevención la dimensión especulativa del sector inmobiliario, la debilidad de un tejido económico basado en la producción de bienes y servicios de poco valor añadido y condiciones laborales precarias.

Este Primero de Mayo, al igual que las movilizaciones en torno a la huelga del 29 de marzo contra la reforma laboral, tienen la virtualidad de reflejar el importante apoyo que tienen las posiciones de oposición sindical y social a una forma de hacer las cosas. Ahora bien, para construir la alternativa esto es insuficiente. Hay que retomar lo más rápidamente posible una senda de crecimiento económico, única garantía para la creación de empleo, la estabilidad presupuestaria y la restitución de derechos sociales. Y por eso sería bueno que se atendieran las demandas de sustitución de las actuales políticas de austeridad por equilibradas políticas de reformas estructurales, fomento económico y protección de derechos sociales. En caso contrario, los tiempos de incertidumbres y crisis se prolongarán.