Zapatero cede y pacta con el PP una reforma exprés de la Constitución

España afrontará en los próximos días la segunda reforma de su Constitución en 33 años y lo hará por el método exprés -es decir, sin referendo- y en pleno periodo vacacional. Presionado por la cancillera alemana, Angela Merkel, y las autoridades monetarias europeas a raíz de las últimas turbulencias financieras, José Luis Rodríguez Zapatero ha admitido algo que ya propuso el PP en junio del 2010: fijar un límite para el déficit y la deuda a través de la Carta Magna, que obligará a todas las administraciones. El presidente fraguó su enésima rectificación en conversaciones directas con Mariano Rajoy que concluyeron con un acuerdo la noche del lunes, y aprovechó el debate de ayer de las medidas anticrisis para anunciarlo en el Congreso.

La reforma aún no está escrita, pero el jefe del Ejecutivo y el presidente del PP han intercambiado ya los primeros borradores. El nuevo texto establecerá un techo tanto para la deuda como para el déficit, «con criterios objetivamente rigurosos» y un margen de «flexibilidad», según dijo Zapatero. El modelo alemán (siempre Alemania), con diferentes escenarios según sea la situación económica, parece estar inspirando a sus redactores, como explicaron fuentes conocedoras de la negociación.

CALENDARIO / La vicepresidenta económica, Elena Salgado, concretó que se exigirá un «déficit estructural muy cercano a cero». Ello abre la puerta a que «ante una nueva recesión se pueda superar el límite del 3% que marca el pacto de estabilidad», añadió. La reforma no entrará en vigor hasta el 2018 o el 2020. «Cuando ninguno de nosotros, yo menos, tengamos un papel de liderazgo», advirtió Zapatero para pedir generosidad en la negociación.

La letra no se conoce todavía, pero el calendario ya está listo. Lo anunció el presidente del Congreso, José Bono, tras muchas dudas y después de consultar a los servicios jurídicos de la Cámara baja. Para que la reforma sea aprobada en lo poco que resta de legislatura, la proposición de ley debe presentarse el viernes, lo que permitirá que el pleno del Congreso dé su visto bueno el 1 de septiembre. La semana siguiente, el Senado le estampará el sello definitivo. Visto y no visto. Sin tiempo ni siquiera para presentar enmiendas.

El PSOE y el PP suman suficientes diputados para lanzarse a esa tramitación, aunque el tibio (y contradictorio) apoyo mostrado ayer por CiU flaqueara y tampoco se pudiera contar con un PNV que exigió, como Josep Antoni Duran Lleida, ver la letra y comprobar que incluye la anunciada «flexibilidad» antes de dar elsí.

La intervención de Rajoy en el pleno fue medida. Aplaudió la rectificación, reprochó a Zapatero la tardanza y recordó las descalificaciones recibidas por haber propuesto lo que ahora será ley. Sus servicios de prensa repartieron una antología de las mejores críticas, con un lugar de honor para Alfredo Pérez Rubalcaba. Hace poco más de un año, el hoy candidato socialista pidió a Rajoy que dijera algo «útil» en lugar de proponer reformas constitucionales. Zapatero aseguró solo un mes después que la reforma no tenía «ni fundamento, ni eficacia, ni capacidad».

Rubalcaba marcó distancias. En los pasillos del Congreso advirtió de que había mantenido varias conversaciones con el jefe del Ejecutivo sin que este lograra convencerlo. Hasta que la noche del lunes, al saber que Rajoy apoyaba la reforma, dio su visto bueno «porque un gran acuerdo con el PP es bueno para la economía española». Solo por eso.

Conforme se acerca el 20 de noviembre, a Rajoy se le va poniendo cara de presidente del Gobierno, al tiempo que Zapatero engulle con cierta pesadumbre, aunque con entereza, los últimos sapos de su presidencia. Mientras, el aspirante socialista a la Moncloa silba e intenta mirar hacia otro lado.