Ajuste en las administraciones públicas 3 La respuesta municipal

Solo 35 pueblos catalanes se libran

Un total de 908 ayuntamientos catalanes tienen deudas por 208 millones con Hacienda a cuenta del ejercicio del 2008 H Apenas el 3,7% de las corporaciones de Catalunya tendrán que recibir dinero en lugar de devolverlo

R. M. S.
MADRID

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De los 943 municipios que se contabilizan en Catalunya, a tan solo 35 de ellos (el 3,7% del total) les ha salido favorable la liquidación definitiva de las cuentas del 2008. En lugar de devolver dinero a Hacienda, como tendrán que hacer la inmensa mayoría, recibirán una cantidad, si bien será pequeña, de apenas 167.538 euros entre todos ellos.

Los otros 908 ayuntamientos, además de las cuatro diputaciones provinciales, tendrán que devolver algo más de 292 millones de euros a Hacienda, repartidos en 60 mensualidades, a partir de enero del 2011. Las cantidades más altas corresponden a los 13 ayuntamientos catalanes de más de 75.000 habitantes, que deberán retornar un total de 136,8 millones. De estos, Barcelona debe devolver 93,48 millones por lo recibido de más en el 2008.

El conjunto de las cuatro diputaciones catalanas adeuda a Hacienda 83,85 millones tras la liquidación definitiva del 2008.

Al bloque de los 930 ayuntamientos de menos de 75.000 habitantes le corresponde retornar 71,331 millones de euros a la administración central. Los responsables municipales optan por intentar alargar el pago o por recurrir a la deuda mientras puedan para cubrir ese desfase.

Los ayuntamientos con derecho a devolución son todos de menos de 75.000 habitantes y muchos de ellos por debajo del millar. Se trata, en su mayoría, de municipios turísticos o con ingresos muy específicos, como Ascó, marcado por la actividad de las centrales nucleares. En todos estos casos, las cantidades que el Estado les adelantó a cuenta en el 2008 han resultado inferiores a los cálculos definitivos después de haber tomado en cuenta variables tales como la población, el esfuerzo fiscal, la capacidad tributaria, la compensación por la desaparición del impuesto de actividades económicas (IAE) y otras garantías.