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ZONA FRANCA // GONZALO Bernardos

Soluciones

GONZALO Bernardos

En España sobran viviendas. No pocas, sino muchas. A finales del 2008, probablemente el exceso de oferta se aproxime al millón de pisos. Los promotores quieren vender, pero no pueden. Aunque los ciudadanos siguen deseando vivir en una residencia de su propiedad, prácticamente nadie está dispuesto a comprar, pues la mayoría no puede pagar el precio demandado. El resultado: no existe liquidez en el mercado.

Esta situación está afectando de forma muy negativa a la economía española. Aunque la mayoría de promotores tienen un elevado patrimonio, este no lo pueden transformar en dinero porque no consiguen colocar sus activos en el mercado. Sus ingresos bajan, pero no lo hacen los intereses que deben pagar por la deuda contraída. Una significativa parte de los mismos, si las ventas no se reactivan, probablemente abandone la actividad en los próximos meses. Si así sucede, el paro aumentará en una elevada medida y la economía española entrará progresivamente un una larga fase de estancamiento. De forma directa o indirecta, todos saldremos perdiendo.

Este marco hace muy conveniente la intervención de la Administración. En el corto plazo, su misión no debería consistir en estimular una mayor construcción de viviendas, sino en procurar la absorción de una gran parte del exceso de oferta existente. Es decir, generar liquidez en el mercado residencial. ¿Cómo? Por una parte, llegando a acuerdos con promotores, localidad por localidad, para que estos bajen sustancialmente los actuales precios. Por otra, subvencionando la adquisición de vivienda a través de garantizar al comprador el pago de una determinada cuota hipotecaria durante cinco o diez años. Es decir, fuera cual fuera el tipo de interés de referencia del BCE, el de las nuevas hipotecas se mantendría invariable en el 2,5%.

Si la actuación de la Administración tuviera éxito, permitiría acceder a la compra a numerosos jóvenes, posibilitaría la supervivencia de un significativo número de promotores, evitaría la desaparición de empleos en el sector de la construcción, reduciría la duración de la crisis inmobiliaria y generaría un mayor crecimiento de la economía española. ¿Vale la pena intentarlo?

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