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La excusa de la crisis se aprovecha sin miramientos por el Gobierno popular para rehacer estructuras históricas retrógradas. La reordenación municipal pretendida por Rajoy esconde un control directo de los pueblos a través de las diputaciones provinciales, entidades caducas y preconstitucionales. El intento recentralizador de municipios -esperamos que fallido- revitalizaría las demarcaciones provinciales desmembrando comarcas. Parece que se añoran las instituciones territoriales del siglo pasado. Las diputaciones han recibido críticas feroces en todos los ámbitos políticos y civiles por su opacidad administrativa y por ser una reliquia provinciana. La vox pópuli las da por extinguidas. Muchos cargos de estos organismos -con jugosos salarios- están vinculados a intereses partidistas; son refugio de expolíticos o de rechazados por las urnas. La idea de unificar servicios entre pueblos para simplificar gastos comunes es positiva y necesaria, pero no a costa de deshacer mancomunidades funcionales ya operativas. La reducción de concejalías y nóminas, respetando la figura central del alcalde, podría tener efectos más democráticos reales si la ciudadanía voluntaria tuviera reconocida la participación vinculante en los plenos municipales. Cada pueblo tiene su idiosincrasia histórica y necesidades singulares que deben decidir los habitantes y contribuyentes. Salvemos la identidad más cercana y peculiar. El sistema gubernativo del país tiene exceso de diputados y concejales. Pero el camino de adelgazamiento de personal que se ha escogido es el menos adecuado. La terapia de las soluciones anticrisis siempre ha seguido la misma dirección: de abajo hacia arriba. Nunca el camino inverso.