Si el pueblo español se manifiesta pacíficamente, los gobernantes de turno no hacen caso de las reivindicaciones legítimas. La historia reciente nos lo ha demostrado multitud de veces. Si los ciudadanos recogen firmas para protestar contra cierta ley o impulsar determinada norma, los políticos hacen oídos sordos al clamor popular. Lo ratifican las hemerotecas. Si las personas tratan de hacerse oír en los medios de comunicación, con frecuencia sufren censura, al estar muchos de ellos al servicio de la ideología de algún partido político mayoritario. Si la gente trata de constituir algún partido político para hacer una sociedad más justa a través de las instituciones de representación popular, los partidos políticos mayoritarios endurecen la ley electoral y se aseguran de que los españoles quedan encarcelados en un bipartidismo de dudosos beneficios para el pueblo. Si los españoles votan para expresar quiénes quieren que les representen, solo lo hacen una vez cada cuatro años y se encuentran con listas cerradas y programas electorales que con frecuencia se incumplen. Dicho esto, y cuando ya hay en España millones de personas que pasan hambre porque Cáritas no da más de sí para cubrir unas necesidades que debería satisfacer el Estado (y no lo hace), ¿todavía hay quien se pregunta por qué la gente se ha convocado para rodear el Congreso? ¿Qué puede hacer el ciudadano común cuando ve que hay quien se dedica a todas horas a tratar de negarle la dignidad, la esperanza y el futuro? Queremos respuestas.