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El Govern, a través del Departament d'Economia, ha anunciado el impago correspondiente al mes de julio de los servicios concertados en áreas de sanidad, educación y bienestar social, supuestamente por problemas de liquidez debidos al incumplimiento del Gobierno central de compromisos contraídos. Todo esto debe tener un cariz diferente según quien lo exponga; por eso no vamos a entrar en análisis vanos. Lo que sí llama la atención es que la Generalitat haya puesto como ariete de defensa a unos colectivos tan débiles, olvidándose de que ello puede desembocar en un terrible efecto bumerán, es decir, que todo explote en la cara de sus dirigentes. No es de recibo que los primeros en sufrir las consecuencias de la chulería de Madrid sean estos colectivos, con una concepción social muy altruista, y tampoco parece muy razonable dejar sin cobrar a los responsables de centros de discapacitados físicos, a centros de menores o a los geriátricos. Y más cuando a diario aparecen en la prensa detalles de las prebendas que todavía conservan los políticos que pusieron a Catalunya al borde del precipicio.