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El 30 de junio mi madre fue ingresada en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau por una rotura de fémur. En la misma sala de urgencias le hicieron firmar la autorización para ser intervenida. No se nos informó, ni a ella ni a sus familiares, de que existieran impedimentos para operar, y no hemos visto, en el informe final, las pruebas preoperatorias ni los resultados del electro o la placa. Mi madre tenía 80 años y era autosuficiente, aunque padecía una arritmia -tomaba Sintrom- y diabetes. Le suspendieron el Sintrom para evitar hemorragias durante la intervención, y el 4 de julio, tras cinco días sin controlar su arritmia, sufrió un ictus. Nos indicaron que sería operada a lo largo de la semana pero que no podían concretarnos el día por la falta de quirófanos. Su salud fue a peor: sufrió otro ictus y una neumonía bilateral, según los médicos por la dificultad de tragar alimentos. La alimentaron por sonda pero sangraba, y estuvo una semana con sueros y con pérdida de sangre, lo que la debilitó aún más. Nos solicitaron a mi hermano y a mí la autorización para quitarle el apoyo terapéutico y sedarla, y nos trataron casi de delincuentes por no ayudar a morir a nuestra madre. El 16 de julio me informaron de que la sedarían para que su propio cuerpo pusiera punto final al suplicio. Mi madre estuvo siempre consciente y coordinaba correctamente, pero la incapacidad de los médicos para aliviar el dolor del fémur roto, la larga espera y la poca atención recibida la llevaron a la muerte.