Las recientes maniobras en la política sanitaria de Catalunya modifican nuestro modelo propiciando la gestión y financiación privada. Pero la experiencia internacional muestra que los sistemas de titularidad y gestión pública son mejores en términos de gasto sanitario (% de PIB), más eficientes (mejor resultado con menor gasto) y más equitativos: una sola lista de espera. La gestión empresarial, basada en la competitividad y el lucro, genera mayor gasto y selección de pacientes y atiende a criterios de beneficio en lugar del criterio de necesidad sanitaria. La fragmentación del sistema es una amenaza porque facilita la privatización de las partes más rentables y deja para la gestión pública las de mayor gasto, la atención de las personas mayores y las áreas de menor desarrollo. Esta política supone la destrucción de la equidad del sistema y la selección adversa de pacientes atendiendo a criterios de rentabilidad mercantil. El desgaste del control público en esta forma de gestión perjudica la rentabilidad social y económica. En la práctica, como ha ocurrido en los países que han seguido este modelo, se dificulta garantizar que los recursos se asignen y gestionen atendiendo a la eficiencia y equidad y se facilita el control por parte de quienes, atendiendo a criterios ideológicos y de fidelidad política (mercado), incrementan el gasto. Además, disminuyen las garantías de una selección pública del personal sanitario con criterios de igualdad, mérito y capacidad.
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