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Las mutuas de accidentes laborales son empresas privadas, sin ánimo de lucro, que gestionan fondos públicos. Las plantillas de esas mutuas tenemos un convenio colectivo sectorial, publicado en el BOE, que define las relaciones laborales con las empresas para las que trabajamos. Bajo estas premisas, solo podemos ser considerado personal asalariado del sector privado. Entendemos el control ministerial en relación con la gestión que las mutuas hacen de los fondos públicos, pero no su intervención en las condiciones laborales y económicas de las personas que trabajan en ellas. El intervencionismo del Gobierno se inició en el 2010 con un recorte salarial del 5% y del 8% y, posteriormente, en el 2012 se nos ha eliminado la paga extra, lo que supone más del 7% de nuestro ya menguado salario. Entretanto, se nos obliga por real decreto ley a una congelación salarial por la que no se aplican el incremento del IPC del 2010 y el del 2011 ni las tablas de nuestro convenio sectorial. Y a esto se añade, por si no fuera suficiente, una disminución de las ayudas sociales. Resultado final: nuestro salario equivale a nuestra retribución de cinco años atrás. Las personas que trabajamos en las mutuas nos enfrentamos angustiadas a la dura realidad de no poder hacer frente a los gastos cotidianos más básicos. Asistimos impotentes al espectáculo del Gobierno a la hora de hacer recortes tanto de salarios como de derechos laborales.