Domingo, 11 de septiembre del 2011 Joan Martos (L¿Hospitalet de Llobregat)

Una cuarta parte de las separaciones se tramitan en los juzgados de violencia contra la mujer. Esto es así debido a que las mujeres interponen una denuncia por malos tratos, lo que hace que, en caso de divorcio, este se curse en un juzgado de violencia y no en un juzgado de familia, como correspondería. Hoy en día nadie pone en duda la palabra de una mujer que afirma haber sido maltratada, por lo que las esposas, novias o parejas reciben todo el apoyo de la policía y de los servicios sociales y psicológicos, además de imponer una orden de alejamiento del hombre que prácticamente se otorga automáticamente con la simple denuncia. Después, sin embargo, las pruebas no aparecen por ninguna parte y, en la mayoría de los asos no se llega ni a un juicio y la causa se archiva. Eso sí, las madres consiguen fácilmente cursar su separación en un juzgado de violencia contra la mujer, teniendo incluso un abogado a su disposición, y logran la custodia de los niños, una pensión y el uso del domicilio, evitando de esta forma los juzgados de familia, que son más favorables a la igualdad entre hombre y mujer y la custodia compartida. Como representante de la Associació de Pares de Família Separats de Catalunya, insisto en que el sistema debería distinguir los casos fundados de violencia de sexo del resto de casos ¿mayoritarios-- en los que lo que hay detrás no es más que un divorcio contencioso en el que las partes sacan lo peor de sí mismos. Hay que limitar la actuación de los juzgados de violencia doméstica a los casos con indicios reales e impedir el uso fraudulento de la ley por parte de unas madres que ven una vía rápida y segura para ganar un juicio de divorcio, evitar la custodia compartida y asegurarse una pensión.

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