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La lentitud administrativa, la falta de iniciativas y el incumplimiento de los compromisos adquiridos por los ministerios de educación y sanidad ponen en peligro miles de puestos de trabajo de psicólogos. Desde 1998, diversas modificaciones legislativas han dado al traste con varias promociones de psicólogos, muchas de las cuales llevan ejerciendo más de 20 años. Entre estas modificaciones se exige ser 'especialista' para poder ejercer en clínica. En un principio, esto no suponía un problema, ya que desde el Ministerio de Educación, y mediante una comisión especialmente creada para ello, se propuso conceder la especialidad a todos aquellos profesionales que ya llevaban años trabajando, siempre que certificasen unos requisitos mínimos. La realidad ha sido otra. El proceso de regularización y la comisión encargada del mismo han sido un cúmulo de despropósitos y presuntas irregularidades y favoritismos, denunciados ante los tribunales, el defensor del pueblo y la administración sin que, de momento, se encuentre una solución al respecto. Como posible salida se creó la figura del Psicólogo General Sanitario, que permitiría que psicólogos que no fueran especialistas pudieran ejercer como clínicos. De momento, una nueva titulación que sigue sin concretarse. Unos 40.000 puestos de trabajo están en peligro y a la espera de que los políticos se impliquen y tomen cartas en el asunto para encontrar una solución justa y definitiva y terminar con la inseguridad jurídica que rodea a esta profesión, cada vez más demandada. Exigimos al nuevo Gobierno que de una vez por todas solucione un problema que llevamos arrastrando más de una década.