Lunes, 9 de enero del 2012 Luisa Vicente Santiago (Barcelona)

Hace dos años contraté emisiones preferentes en La Caixa para poner a salvo unos ahorros procedentes de la venta de una casa de mis padres, y ahora me encuentro con un ¿corralito¿. En su día me dijeron que era como un plazo fijo y que tenía asegurados capital e intereses, cuando realmente lo que me estaban vendiendo era un producto catalogado de muy alto riesgo y que no se adecuaba a mi perfil, ya que no soy una inversionista, sino una modesta ahorradora. Ahora nos obligan a todos los que tenemos este producto a canjearlo por acciones de La Caixa (un 30 %) y el 70 % restante a recuperar en 10 años y con pérdidas de más del 30 % en el mejor de los casos. Yo no quiero convertirme en accionista de La Caixa. Lo que quiero es que me devuelvan mis ahorros para dar la entrada a un piso que necesito. Me resulta extraño y paradójico que los medios de comunicación no hayan destacado más el caso de los afectados por emisiones preferentes y deuda subordinada. Vivimos en una sociedad democrática donde se pondera la sociedad del bienestar, a pesar de la crisis, y se prioriza la política social a los más desfavorecidos y vulnerables, como son personas con minusvalías, parados, personas en riesgo de exclusión social y tercera edad. Sin embargo, ante un hecho de tal envergadura, la difusión en los medios de este atropello queda hundida en los sótanos del silencio. La mala praxis de 52 entidades bancarias, bancos y cajas de ahorros ha llevado a que hayan comercializado sin información real y precisa productos de muy alto riesgo, ¿colocados¿ en su inmensa mayoría a personas de muy avanzada edad. Estas personas carecían absolutamente de conocimientos financieros y del producto en sí y lo que pretendían era contratar un producto que no pusiera en riesgo ni su capital ni los intereses. Sabemos que los ofrecieron incluso a personas con alzhéimer que no tenían ni las facultades mentales para discernir el riesgo que corrían los ahorros de toda su vida. Los afectados tenemos hasta el 31 de enero para canjear estos productos. Una vez más, las sociedades mercantilistas, en las que el especulador siempre queda impune, han arremetido contra el más débil.

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