El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo sistema llamado 'desahucio exprés', por el que las personas que no paguen sus mensualidades de alquiler pueden ser echadas a la calle en diez días. Esto no es nada nuevo, ya que la reforma laboral también puede ser considerada un 'desahucio exprés': cualquier empresario puede despedir a un trabajador con un coste mínimo. Me preocupa que esta ley no se aplique a los políticos: presidentes, ministros, parlamentarios o senadores que demuestran día tras día sus pocos conocimientos para superar los problemas que tenemos. Y a pesar de ello no podemos desahuciarlos, sino que tenemos que aguantarlos durante cuatro años aunque no cumplan con sus contratos de trabajo (programa electoral) y produzcan enormes pérdidas económicas sin justificación alguna.
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