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Desde el inicio de la crisis, en nuestro país se han ejecutado más de 300.000 hipotecas que suponen el deshaucio de otras tantas familias. Esta realidad confronta y desnaturaliza el derecho a una vivienda digna que reconoce la Constitución. En un Estado de derecho el imperio de la ley debe estar garantizado, pero cuando el derecho resulta manifiestamente inadecuado hay que cambiarlo ya que no puede justificar situaciones de clara desventaja, de regresión histórica y de abandono de la ciudadanía. En la constitución de hipotecas las partes que intervienen ni son iguales ni tienen los mismos medios: la ley protege al más fuerte y desampara al débil, tanto procesalmente, con una ejecución dura difícilmente enervable, como materialmente, con cláusulas abusivas y la posibilidad de que la deuda vaya más allá de la tasación que ha generado el crédito y de perseguir al deudor en todos sus haberes futuros. El colmo es cuando el banco, si fracasa la subasta del bien, se queda el inmueble por el 50% del valor de una tasación hecha bajo su amparo y supervisión. La responsabilidad no es solo de los deudores: la laxitud en la concesión de hipotecas tiene varios agentes que han actuado ignorando el riesgo. Pero, más que culpables, hay que encontrar una solución a este problema ante el panorama que se vislumbra. La iniciativa legislativa popular y la propuesta de ley emanada del Parlament son quizá la clave. Si a esto añadimos la creación del 'banco malo', el derecho a una vivienda digna puede encontrar una vía de solución adecuada pero a largo plazo.