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No soy militante ni simpatizante de ningún partido o asociación política: lo que me mueve a la hora de dar mi voto son las personas y su actitud y compromiso con la sociedad. Soy de nacionalidad española, gallego de nacimiento, catalán de adopción y, como alguien dijo, ciudadano del mundo por convicción. Dicho esto, quisiera expresar una breve reflexión. Cuando la ciudadanía concede y legitima a través de su voto su confianza a una formación política para ejercer el gobierno de un estado, comunidad o ayuntamiento, lo hace en virtud del programa electoral presentado. Este es el contrato que adquieren con la sociedad, y los votos, el aval obtenido. Y a quienes les corresponda ejercer ese gobierno han de tener meridianamente claro que si bien tienen el derecho legal para ello durante el periodo de legislatura, serán su poseedores morales mientras se ajusten a los compromisos adquiridos en su programa. Por lo tanto, si han de cambiarlos, porque así lo crean conveniente u obligados por las circunstancias, deberían recurrir a las urnas para saber si estarían legitimados por el pueblo, donde reside el poder democrático, para llevarlas a cabo. Cuando esto sucede, posiblemente nuestros gobernantes tengan la razón legal, pero moral y éticamente no podrán esgrimir el argumento de que el pueblo les ha otorgado su confianza para gobernar. El voto no debe, ni puede ser un cheque en blanco sin más valor que un bono basura, puesto que posiblemente estaríamos cuestionando la verdadera esencia de la democracia.