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Un buen estudio el de Aurora Huerga en el suplemento +Valor del 24 de julio sobre el alquiler social, que demuestra que en este país su situación, como la del alquiler corriente, está muy mal. Ha habido leyes especiales desde tiempos de Franco que no han favorecido los alquileres sino que los han castigado, como la congelación de las rentas de alquiler, que ha llevado a la sobreprotección del inquilino y la ruina de muchos arrendadores. Esto, ligado a la lentitud judicial para ejecutar sentencias de impago, causa que multitud de propietarios de pisos vacíos no quieran alquilar. Para colmo, ahora se ha puesto de moda impedir las ejecuciones de las sentencias, lo que nos lleva a más coacción en el libre funcionamiento del mercado y a más miedo del posible arrendador. Es necesario promover el alquiler social, pero también el normal, fomentando la confianza, tanto arreglando de una vez la Ley de Arrendamientos Urbanos, que solo ha favorecido a los contratos antiguos, como aplicando el exacto funcionamiento de la Justicia. Cualquier mercado (y el del alquiler es uno) debe funcionar dentro de un marco legal y justo, pero con la máxima flexibilidad posible. Y esto no es alta economía, sino simple sentido común.