La nueva ley de tasas judiciales no hace más que corroborar un viejo y conocido tópico: la justicia no es igual para todos. Es tan retrógrada como antisocial, y fomenta la desigualdad. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, –y el Gobierno del Partido Popular detrás– consigue de esta manera el propósito que perseguía: que la justicia solo sea accesible para unos pocos. Siento vergüenza ajena de un país como este que, en pleno siglo XXI, en tan solo unos meses está dilapidando con unas políticas ultraliberales y en pro de los todopoderosos los avances sociales que con tanto esfuerzo se fueron conquistando durante 30 años. Cuando la justicia verdaderamente sea esa balanza que corresponde a un estado del bienestar, volveré a creer en ella.
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