Con la aprobación del proyecto de ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en el Congreso se ha vuelto a poner sobre la mesa un problema más en la convivencia entre Catalunya y el resto de España. En su día ya se utilizó la tauromaquia para desespañolizar el territorio catalán y ahora se vuelve a usar como pretexto para invadir competencias autonómicas de Catalunya. La Generalitat, a través del 'conseller' de Cultura, Ferran Mascarell, se plantea recurrir ante el Tribunal Constitucional por el conflicto de competencias que se está produciendo, ya que según el 'conseller' la cultura es competencia exclusiva de la Generalitat. Por tanto no estamos ante una simple aprobación de una ley sino que ello enmascara un problema mucho más grave en las relaciones entre Catalunya y España. La verdad es que existe la incertidumbre sobre qué primó más en la decisión del Parlament de prohibir las corridas de toros en Catalunya, si la condena al maltrato animal o el rechazo por la tradición y la cultura españolas. Ahora nos encontramos ante el mismo problema: el Gobierno español, con el pretexto de salvaguardar el patrimonio cultural, vuelve a tensar la cuerda al vulnerar la decisión del Parlament, violando las bases del Estatut y las competencias culturales catalanas usando la figura del toro de España en vez del caballo de Troya. La crispación está asegurada.
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