En los últimos meses el Ministerio de Justicia ha denegado una serie de expedientes de solicitud de nacionalización. Uno de ellos corresponde a una joven marroquí de 22 años que lleva 20 viviendo en España, con la carrera de Ingeniería acabada y trabajando desde los 16 años en este país. Ella presentó toda la documentación requerida en la comisaría y el agente que la atendió dio el visto bueno y aceptó que el certificado de penales del país de origen estuviera caducado, alegando que no importaba porque la joven no había salido de España hasta ese momento y que, por lo tanto, no habría cambios. Pero al final, su expediente fue denegado precisamente por el hecho de que dicho documento estuviera caducado. La afectada decidió presentar un recurso, ya que el problema no le fue notificado antes de que su expediente fuera resuelto, como legalmente debería haberse hecho. Presentó el certificado penal en regla junto a una reclamación escrita al Ministerio de Justicia, solicitando que se estudiara su caso. Este mes se cumplen tres años desde que la joven presentó los papeles para nacionalizarse, y seis meses desde que presentó el recurso. Tiene dos posibilidades: o seguir esperando a que el ministerio le responda o presentar un segundo recurso, pero esta vez a través de un abogado. Eso sí, costeándose ella misma los gastos aunque se trate de un error cometido por el ministerio.
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