Muchos ciudadanos nos preguntamos para qué sirven las administraciones públicas ya que una reclamación es posible que acabe siendo una misión imposible. He aquí unos ejemplos en los que he recibido la callada por respuesta: 1. Reclamo una multa que considero que no me correspondía a la diputación, a los tres meses me indican que estaba en proceso y, cuando vuelvo a interesarme, me dicen que estaba archivada. 2. Reclamo el euro por receta de tres familiares; tres meses después, sigo sin respuesta. 3. Reclamo el importe que me deben de la ley de dependencia, aprobado por la Generalitat. Han pasado cuatro años, no se ha pagado ni un euro y no han contestado a las peticiones. Todas estas anomalías las he enviado al Síndic, que me temo que tampoco podrá realizar nada al respecto. Supongo que muchos ciudadanos estarán en esta misma situación. Las administraciones, como mínimo, deberían dar respuesta a todas las reclamaciones. Si no tienen dinero lo mínimo que pueden hacer es enviar un escrito con reconocimiento de deuda e indicar de qué forma podrán abonar los importes.
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