Martes, 27 de enero del 2015 Josep Giralt (Almenar)

Corría el año 2008 cuando empezaron a soplar vientos de tormenta. A finales del 2012 el Gobierno central, amparándose en la presión de Europa y de los mercados, tuvo vía libre para aplicar las políticas económicas más liberales. Muchas familias y colectivos en riesgo de exclusión social han sido llevados al borde del precipicio. El Informe Olivenza 2014 del Observatorio estatal de la Discapacidad evidencia la precariedad con la que las personas con discapacidad deben afrontar un futuro que es incierto para todos: solo un 39,8% de estas personas tienen alguna actividad laboral, frente al 77,2% de la población restante, y un 14,7% de ellas sufre la pobreza severa, frente al 9,64% del resto.  El informe estima una desventaja en la integración social del 72%. ¿Quién es el culpable? La respuesta es compleja. En el primer semestre del 2012, el Gobierno retiró la ayuda a las empresas por contratos indefinidos a personas con discapacidad. Y en junio, la ministra Báñez dejó a cero la partida dedicada a las políticas activas de empleo para este colectivo. El Govern tampoco priorizó en sus presupuestos hacer frente a la inhibición del Estado. Los sindicatos, probablemente demasiado ocupados en sus casos de corrupción, solo han defendido a sus afiliados. En definitiva, los que debían evitar la fractura social han mirado a otro lado y las personas con discapacidad han sufrido una regresión, no solo en derechos, sino en oportunidades de integración real. 

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