Soy un padre de la escuela Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor. Hace dos años, nuestra escuela recibió la mala noticia de que en el curso 2012-13 no se admitirían niños en P-3 y que iría cerrando progresivamente año tras año. En el actual curso 2014-15 ya no hay niños en P-3 ni P-4 y tampoco se han aceptado matrículas en ningún otro curso, a pesar de que desde Ensenyament se nos aseguró, tanto oralmente como por escrito, que todos los niños terminarían su escolarización en la escuela Vilamagore. Varias cartas firmadas por el responsable de los Serveis Territorials d'Ensenyament del Maresme, Josep Vicent Garcia Caurin, y la consellera de Educación, Irene Rigau, así lo aseguran, además de que así fue aprobado por todos los partidos políticos del Parlament. Este curso la escuela Vilamagore dispone de un 25% de los espacios del edificio (el otro 75% está ocupado por el instituto). El pasado 13 de noviembre nos convocaron a las familias a una reunión de urgencia con el equipo directivo y el inspector de la zona, el señor José Gómez. Este nos comunicó que el próximo curso la escuela Vilamagore ya no abrirá las puertas a sus alumnos, a los que reubicarán en la otra escuela del pueblo. La decisión es inapelable y ni siquiera se nos permite continuar en los barracones, cediendo así todo el edificio al instituto. Aparte de la tristeza de perder una escuela (una de las pocas escuelas públicas activas y vivenciales de Catalunya), de masificar otra escuela, de ver que mi hijo no podrá terminar la escolarización en el centro que habíamos escogido para él y que mi hija solo la conocerá por haber sido la escuela de su hermano, me pregunto: ¿cómo tenemos que interpretar las cartas firmadas por el señor Garcia Caurin y la señora Rigau, y la aprobación de todos los partidos políticos del Parlament, que afirmaban que la escuela no cerraría hasta que el último niño acabara su escolarización? ¿Es todo papel mojado?
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