Tres consideraciones sobre el referéndum por el derecho a decidir. Primera, en un país donde la edad legal para votar es la de 18 años, en este referéndum quieren que voten a partir de los 16; primera ilegalidad. Segunda, ¿qué censo electoral se va a utilizar? Algunos ayuntamientos se negarán a facilitarlos para no incurrir en delito. Tercera, ¿quién hará de Junta Electoral Central? Esta es la que da validez a los resultados y garantiza que el escrutinio es limpio; porque, si no, pucherazo seguro. Si estos detalles no se resuelven con legalidad, vamos a ser el hazmerreír de Europa y del mundo, y nuestra credibilidad será mínima. Haremos el ridículo. Personalmente, creo que la consulta debería realizarse dentro de la legalidad democrática establecida; esto es, con el acuerdo del Gobierno central, pero entre la cobardía de algunos, la incapacidad e inutilidad de otros, y los intereses económicos y judiciales existentes, nos vemos abocados a un acto ilegal.
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