Jueves, 8 de enero del 2015 Jesús Millán (Barcelona)

El Ministerio de Justicia reintrodujo las tasas judiciales como un instrumento que ayude, junto con otros como la mediación, a reducir el elevado número de asuntos que acumulan los juzgados. El objetivo es loable, pero la tasa, que según el exministro Gallardón era la panacea con la que se financiaría el sistema de justicia gratuita, no ha servido para incrementar los honorarios de los mal pagados abogados y procuradores del turno de oficio ni para incrementar la base de ciudadanos que se beneficien de la misma; así, las clases obrera y media, que han sufrido de forma notable la crisis y a las que se impide el acceso a una tutela efectiva de jueces y tribunales por el elevado coste de dichas tasas, tampoco han podido tener acceso a justicia gratuita por no reunir los requisitos que marca la ley. Una tasa que el ministerio impuso con prepotencia, amparado en la mayoría absoluta del partido del Gobierno y sin negociarla con los operadores jurídicos, todos en contra de la misma. Y que está pendiente de que el Tribunal Constitucional decida si se ajusta a la Constitución, dada su elevada cuantía, que obstaculiza el acceso del ciudadano a la justicia. Esperemos que resuelva pronto. El nuevo ministro, Rafael Catalá, ha reconocido que es necesario reducir dicha tasa desde el día que llegó, pero a día de hoy no ha hecho nada, a pesar de que quiere acercarse a todos los operadores jurídicos para llegar a consensos, según manifiesta. Efecto colateral de la tasa ha sido el descenso de trabajo en los despachos profesionales de los operadores jurídicos y, por tanto, la reducción de empleo en estos colectivos. Esperemos que el ministro se atreva a hacer lo que es un clamor en la sociedad y el mundo jurídico: la supresión de la tasa judicial estatal. 

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